Vox pide al Supremo que obligue a la JEC a actuar ante el impacto de la "ley de nietos" en el voto exterior

Vox ha llevado al Tribunal Supremo su disputa con la Junta Electoral Central (JEC) por la aplicación de la ‘ley de nietos’ y su posible impacto en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). La formación solicita al alto tribunal que obligue al organismo electoral a adoptar medidas para garantizar, a su juicio, la legalidad y la limpieza del censo y evitar una posible afectación del derecho de sufragio.

El recurso se dirige contra el acuerdo de la JEC en el que el organismo se declaró sin competencias para intervenir sobre los procedimientos de adquisición de la nacionalidad derivados de la Ley de Memoria Democrática. Vox sostiene, sin embargo, que la JEC sí tiene capacidad para actuar cuando las inscripciones derivadas de esos procesos pueden tener consecuencias sobre la composición del censo electoral.

La formación recuerda que la JEC llegó a solicitar a la Oficina del Censo Electoral un informe sobre la aplicación de la denominada ‘ley de nietos’, especialmente acerca de los criterios utilizados para actualizar el censo y de la documentación aportada por quienes solicitan su inscripción en un municipio diferente al de su última residencia en España.

Vox cuestiona la evolución del censo exterior

El recurso incorpora también los argumentos de cuatro de los trece miembros de la JEC que discreparon de la decisión mayoritaria mediante un voto particular. Estos vocales advirtieron de un posible “incremento irregular” del censo electoral, al considerar que una instrucción del Ministerio de Justicia de 2022 habría ampliado los supuestos de nacionalización más allá de lo previsto inicialmente por la Ley de Memoria Democrática.

Vox considera que la inacción de la JEC puede terminar afectando al derecho de sufragio y reclama que el Supremo declare que el organismo electoral tiene el deber de adoptar medidas para garantizar la transparencia, legalidad y objetividad de los procesos electorales.

En concreto, pide que el alto tribunal ordene a la Oficina del Censo Electoral dictar instrucciones a consulados, ayuntamientos y registros civiles para que las nuevas inscripciones censales vinculadas a esta vía solo se tramiten cuando se haya acreditado documentalmente la causa de exilio exigida por la ley.

La formación sostiene que no debería bastar con presumir que el antepasado español abandonó el país por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con la orientación o identidad sexual.

Reclama revisar las inscripciones del CERA

Uno de los puntos centrales del recurso es la petición de auditar las inscripciones ya realizadas en el CERA. Vox reclama que se revisen los expedientes y que, cuando corresponda, se den de baja aquellas inscripciones cuyos titulares no puedan demostrar que son hijos o nietos de españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio contemplado en la legislación.

El partido considera que esta revisión permitiría evitar que permanezcan en el censo personas que, en su opinión, hayan obtenido la nacionalidad a través de una interpretación que excedería el contenido de la Ley de Memoria Democrática.

Además, Vox pide al Supremo que se establezcan garantías específicas sobre la identidad de los electores, la trazabilidad de los sufragios y la custodia de los votos emitidos desde el extranjero, con controles equivalentes a los aplicados a los ciudadanos residentes en España.

La formación de Santiago Abascal acusa a la JEC de reconocer la existencia de posibles problemas en la composición del CERA pero, al mismo tiempo, de renunciar a sus competencias para corregirlos. A su juicio, esa posición podría consolidar una alteración del censo y vulnerar principios como la legalidad, la seguridad jurídica y la objetividad del proceso electoral.

El recurso sitúa así ante el Supremo un debate que va más allá de la aplicación administrativa de la ‘ley de nietos’: hasta dónde puede llegar la ampliación del acceso a la nacionalidad española de los descendientes y qué mecanismos deben existir para garantizar que quienes pasan a formar parte del censo exterior cumplen los requisitos legales para ejercer el derecho de sufragio.