El Gobierno desmonta los bulos sobre el proceso de regularización de migrantes en España

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha salido al paso de las informaciones falsas que circulan sobre el proceso de regularización de personas migrantes en España, desmintiendo una serie de bulos que han generado confusión en torno a esta medida.

Entre las principales aclaraciones, el Ministerio niega que la regularización vaya a provocar un “efecto llamada”. Según explica, el proceso está dirigido exclusivamente a personas que ya se encontraban en España antes de su anuncio, por lo que no incentivará nuevas llegadas.

También desmiente que no se vayan a exigir antecedentes penales. La ausencia de estos sigue siendo un requisito obligatorio, como ocurre en otros procedimientos de extranjería, y deberá acreditarse debidamente.

Otro de los rumores apunta a un posible colapso de servicios públicos como oficinas administrativas o entidades como Correos o la Seguridad Social. Desde el Ministerio aseguran que se han habilitado horarios específicos y ampliados, y que la atención presencial se realizará únicamente con cita previa para evitar saturaciones.

En cuanto al uso de los servicios públicos, el departamento recuerda que los datos oficiales indican que la población extranjera hace, en general, un menor uso del sistema sanitario. Además, subraya que las personas beneficiarias de la regularización ya residen en España.

El Gobierno también aclara que las personas refugiadas procedentes de Ucrania no han sido excluidas del sistema. En su caso, cuentan con un procedimiento específico y diferenciado, ya que no se encuentran en situación irregular.

Respecto al encaje europeo, el Ejecutivo rechaza que la Unión Europea esté en contra del proceso. Recuerda que cada Estado miembro tiene competencias para decidir sobre las personas que ya se encuentran en su territorio, y que este tipo de regularizaciones se han llevado a cabo anteriormente en otros países.

En materia de vivienda, el Ministerio desmiente que la medida contribuya al encarecimiento del mercado. Al contrario, señala que la población migrante es una de las más afectadas por las dificultades de acceso a la vivienda, con mayores niveles de hacinamiento.

Asimismo, insiste en que la autorización que se conceda será válida únicamente para residir y trabajar en España, por lo que no permitirá el traslado a otros países de la Unión Europea.

Finalmente, el Gobierno recalca que la regularización no implica la concesión de la nacionalidad española. Se trata de una autorización temporal de residencia y trabajo, mientras que la obtención de la nacionalidad exige cumplir requisitos más estrictos, como años de residencia legal y la superación de pruebas de idioma y cultura.

El Ministerio recuerda también que el proceso cuenta con el aval del Consejo de Estado, que ha considerado válida su tramitación por vía reglamentaria dentro del marco constitucional.