El Gobierno de España aprueba la regularización de medio millón de migrantes

El Consejo de Ministros aprueba este martes la regularización extraordinaria de migrantes, que permitirá obtener permiso de residencia y trabajo a cerca de medio millón de personas migrantes en situación irregular. La medida busca dar respuesta a una realidad social prolongada y facilitar la integración de miles de ciudadanos en el sistema legal y laboral.

España cuenta con precedentes en este tipo de procesos extraordinarios de regularización. En las últimas décadas se han impulsado seis iniciativas similares, cuatro bajo gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos con ejecutivos del PP (2000 y 2001). A nivel europeo, más de 40 regularizaciones se han llevado a cabo desde los años noventa, con ejemplos recientes en Italia y Portugal entre 2020 y 2021.

El ejecutivo culmina así un proceso iniciado a finales de enero, cuando anunció su intención de aprobar esta medida mediante un real decreto tramitado por la vía de urgencia. La iniciativa recupera el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y que había quedado bloqueada en el Congreso.

La regularización beneficia, por un lado, a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su petición antes del 31 de diciembre de 2025, independientemente de su resolución. Por otro, incluye a migrantes económicos que puedan acreditar su presencia en España durante al menos cinco meses antes de esa misma fecha.

El plazo para presentar solicitudes se abrirá tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado y se extenderá hasta el 30 de junio. Uno de los aspectos más ventajosos es que, desde la admisión a trámite —un procedimiento que se prevé ágil—, las personas solicitantes podrán comenzar a trabajar desde el primer día.

La autorización será de residencia y trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. Tendrá una duración inicial de un año y permitirá posteriormente el acceso a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería. En el caso de menores a cargo, la regularización podrá extenderse hasta cinco años.

El Gobierno ha explicado que el proceso incluirá garantías, como la exigencia de no tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. El texto incorpora además ajustes tras el dictamen del Consejo de Estado, que planteó observaciones sobre la acreditación de antecedentes o la compatibilidad con procedimientos de asilo.

Desde el Ejecutivo se defiende que esta medida supondrá “un antes y un después” para cientos de miles de personas, al tiempo que contribuirá a aflorar economía sumergida y reforzar el sistema de protección social.