El PP aguarda la anulación de la instrucción de la Ley de Nietos antes de decidir nuevos pasos

El debate sobre la aplicación de la Ley de Nietos continúa escalando en el ámbito político. El Partido Popular ha anunciado que están a la espera de ver si se anula o no la instrucción que dictó el Ministerio de Justicia y que amplía la concesión de nacionalidades a través de la Ley de Memoria Democrática.

"Eso es la vía administrativa y, por tanto, hasta que no nos respondan no podemos seguir con otro tipo de vías", ha afirmado la portavoz parlamentaria, Esther Muñoz en una rueda de prensa al ser preguntada si el PP va a tomar el camino judicial para exigir la paralización de las nacionalizaciones.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, confirmó que el Partido Popular ha solicitado formalmente "la nulidad de oficio" de esa instrucción, un pasó que también dio Vox hace un par de semanas.

Los `populares` llevan semanas denunciando que, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública --que ocupaba Sofía Puente, hermana del ahora titular de Transportes-- publicó una instrucción para regular el proceso de nacionalizaciones por esta vía en la que "se reinterpretó la ley".

La dirigente del PP ha subrayado que la resolución de la Junta Electoral viene a "confirmar las sospechas" que tenía el Partido Popular. "No se están haciendo las cosas como se deberían.Según ha indicado, la nacionalidad se tiene que "otorgar por ley, no mediante una instrucción de una Dirección General". "Entonces nosotros lo que hemos hecho es plantear ante la Dirección General una reformulación de esa instrucción", ha afirmado, para añadir que hasta que no les respondan no pueden "seguir con otro tipo de vías".

El Gobierno acusa al PP de acercarse a Vox

Desde el Ejecutivo, la ministra portavoz, Elma Saiz, respondió con dureza a la posición del Partido Popular, al considerar que se ha sumado a la "carrera ultra" emprendida por Vox contra la aplicación de la ley.

Saiz defendió que la denominada 'ley de nietos' fue aprobada por "una mayoría importante del Congreso de los Diputados" y recordó que el propio PP incluía una medida similar en su programa electoral. Asimismo, expresó el "máximo respeto" a la resolución de la Junta Electoral Central, aunque destacó que el organismo rechazó las medidas cautelares solicitadas por Vox.

La portavoz del Ejecutivo acusó además a los populares de impulsar políticas migratorias "xenófobas" y de pretender "establecer ciudadanos de primera y de segunda", enmarcando esta posición dentro de una estrategia orientada, según dijo, a "recortar derechos".

Vox mantiene su ofensiva

Por su parte, Vox ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central, al considerar que existe un "incremento irregular" del censo electoral derivado de las nuevas nacionalizaciones.

Además, el grupo de Vox en el Consell de Mallorca llevará al próximo pleno una moción para rechazar la instrucción que desarrolla la 'ley de nietos' e instar al Gobierno a dejarla sin efecto.

La formación reclama también una "limpieza" del censo electoral y sostiene que la ampliación de los supuestos para acceder a la nacionalidad española mediante una instrucción administrativa vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica. Según el portavoz de Vox en la institución insular, Toni Gili, la nacionalidad española constituye "uno de los vínculos jurídicos y políticos más importantes que existen" y únicamente el Parlamento debería decidir sobre su adquisición.