El Supremo estudia si extiende la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por la "ley de nietos"

El Tribunal Supremo ha abierto un plazo de tres días para que las partes personadas en el procedimiento se pronuncien sobre la petición del partido Iustitia Europa de ampliar la suspensión cautelar del derecho de voto a los hijos de personas que hayan obtenido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Los magistrados han rechazado adoptar de forma inmediata las medidas cautelarísimas solicitadas por la formación, pero sí han acordado dar audiencia a las partes para que presenten las alegaciones que consideren oportunas. El plazo concluirá el próximo miércoles, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo también ha habilitado todos los días de noviembre para realizar actuaciones relacionadas con esta pieza de medidas cautelares, teniendo en cuenta la relevancia de la cuestión y la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Iustitia Europa, formación dirigida por el abogado Luis María Pardo, había solicitado que se identificase a los hijos de quienes adquirieron la nacionalidad española mediante la ley de nietos y que se suspendiesen cautelarmente los efectos electorales de aquellos que figuren en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El partido reclama que esta suspensión se mantenga hasta que la Administración identifique cada caso, determine de qué progenitor procede la nacionalidad y concrete la vía legal por la que fue adquirida. También propone que los votos puedan recibirse, pero permanezcan separados y bajo custodia, sin incorporarse al escrutinio hasta que se compruebe la situación electoral de cada persona.

La petición pretende extender a los descendientes el criterio aplicado por el Supremo en anteriores resoluciones, en las que suspendió cautelarmente el voto de beneficiarios de la ley de nietos que no acreditasen ser descendientes de exiliados.

Desde Iustitia Europa sostienen que ese mismo criterio debe aplicarse a los hijos cuya nacionalidad deriva de la adquisición previa de sus progenitores.