Vox pide suspender la "ley de nietos" y el Gobierno la defiende por reparación histórica

La "ley de nietos” ha vuelto situarse en el centro del debate, después de que Vox haya solicitado la revisión de oficio y la suspensión cautelar de una instrucción del Ministerio de Justicia. El Gobierno defiende la norma como una medida de reparación para quienes huyeron de España durante la dictadura, mientras que el PP reclama revisar el impacto que puede tener en el censo electoral.

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster ha recordado que Vox ya recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de Memoria Democrática de 2022 que abría la puerta a la nacionalización de descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo.

Pero ahora ha anunciado que van a pedir también la revisión de oficio de la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicada en octubre de 2022, relativa al ejercicio y alcance de este derecho contemplado en la Ley de Memoria Democrática.

Tras destacar que ese documento lo firmó la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que es hermana de Óscar Puente, ministro de Transportes desde noviembre de 2023, el portavoz de Vox ha defendido que una instrucción administrativa "no puede modificar una ley aprobada por las Cortes y no puede crear nuevos beneficiarios, no puede incluir excepciones no previstas por el legislador ni alterar la naturaleza jurídica de la nacionalidad española. La nacionalidad es lo más serio porque define quién forma parte del cuerpo político de una nación y, por tanto, decide el futuro de España", ha resumido.

A su juicio, la instrucción es "una salvaje ley sin garantía alguna" y sus efectos pueden ser muy difíciles de revertir" y "afectan directamente a la estabilidad democrática de España".

Es más. Fúster ha vinculado esta instrucción con los "robos por parte de la izquierda de la voluntad de los españoles en las urnas" que viene denunciando el líder de Vox, Santiago Abascal. "Estamos advirtiendo de una amenaza que ya no se puede ocultar, que el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando todos los resortes del poder para alterar el cuerpo político de la nación española", ha incidido, convencido de que "cada vez hay más españoles conscientes de que las próximas elecciones deben celebrarse con plena transparencia, sin trampas administrativas".

El Gobierno defiende la norma por “reparación y justicia”

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió la aplicación la “ley de nietos” y rechazó las críticas de la oposición. Según explicó, la norma responde a criterios de “reparación y justicia” con españoles que tuvieron que abandonar el país durante la dictadura.

Saiz acusó al PP de generar “odio y desinformación” y calificó de “irresponsables” las afirmaciones de Alberto Núñez Feijóo sobre una supuesta “ingeniería electoral” para aumentar el número de votantes afines al Ejecutivo.

El Gobierno recordó que el proceso comenzó a desarrollarse en 2020 y que, desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022, se han presentado solicitudes de nacionalidad por parte de descendientes de españoles exiliados.

El PP alerta del impacto en el censo electoral

En cuanto al Partido Popular, que también se ha sumado a las críticas sobre la aplicación de la norma. Su portavoz nacional, Borja Sémper, aseguró que el partido está preocupado por el posible impacto electoral de las nacionalizaciones y reclamó comprobar que todos los procedimientos se están realizando con garantías.

Sémper señaló que la existencia de hasta 2,5 millones de potenciales nuevos electores tendría consecuencias en el censo y defendió que el PP permanecerá vigilante. No obstante, aseguró que su partido no prejuzga el sentido del voto de las personas que obtengan la nacionalidad.

El PP ha avanzado además que, si llega al Gobierno, impulsará una reforma de la ley de nacionalidad para establecer “requisitos adicionales” para su obtención.