La patronal de los centros de datos advierte que las medidas del gobierno ponen en peligro la inversión en España

Muy crítica con el decreto que impulsa el gobierno de España para regular la instalación de centros de datos, SpainDC, la asociación española de data centers, ha advertido de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones, después de que tres empresas internacionales anunciasen que frenarán sus proyectos en el país si esa normativa sale adelante.

El ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha planteado que exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable cada hora de funcionamiento al menos un mínimo del 80% de su consumo energético. Ante la dureza de los requisitos, el presidente de SpainDC, Emilio Díaz, ha anunciado que presentará alegaciones que rebajen esas exigencias para evitar que otros inversores se planteen renunciar a sus proyectos en España.

Por el momento, según ha señalado, hay 66.900 millones de euros previstos en inversiones en España en el horizonte de 2030, si bien este nuevo planteamiento legal podría comprometer entre el 80 y el 90% de esas apuestas industriales. "España no compite consigo misma. Si una inversión deja de cuadrar aquí, puede hacerse en otro país", ha advertido Díaz, mientras la directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, ha subrayado que el país no puede permitirse "ser el país más restrictivo de Europa".

Y, de paso, ha lamentado que España sea el mercado "menos atractivo" de Europa desde que se dio a conocer la nueva normativa en la que trabaja el gobierno. "La sensación de inseguridad jurídica que estamos provocando es inadmisible", ha enfatizado, consciente de que las previsiones del ejecutivo central han tenido efectos "devastadores".

Además, ha puesto el acento en que las restricciones de España no frenarán el desarrollo de este tipo de instalaciones. "Habrá centros de datos en Europa, pero no van a estar en España; se irán a Portugal o a Francia. España soportará las externalidades mientras la riqueza se va a otro país, y no nos lo podemos permitir", ha recalcado.

"Un veto"

Y, tras incidir en su rechazo "frontal" a esta normativa, ha señalado que la suma de requisitos que incorpora "puede convertir esta regulación en un veto al sector", lo cual siembra —a su parecer— dudas sobre el fondo jurídico del texto.

"Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasan lo que puede hacerse por esta vía. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida", ha explicado Villacís.

Uno de los principales motivos de rechazo es que el proyecto normativo no afecta únicamente a futuras inversiones, sino también a proyectos que llevan años desarrollándose e invirtiendo bajo el marco regulatorio actual.

Pero además ha apuntado que las exigencias del texto entrarían en contradicción con proyectos clave para el propio ejecutivo, como la futura gigafactoría europea de inteligencia artificial, que pretende gestionar en consorcio con algunas de las principales empresas del país.