El juicio a Begoña Gómez y la citación de las hijas de Zapatero anticipan un difícil final de legislatura para Sánchez

Los tribunales vuelven a marcar el paso de la actualidad política y anticipan un tramo final de legislatura complicado para Pedro Sánchez: la decisión del juez Peinado de enviar a juicio a la esposa del presidente del gobierno de España, Begoña Gómez, coincide con la citación como investigadas de las dos hijas del exmandatario socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes abrir de nuevo juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez por los supuestos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra su asesora, Cristina Álvarez, por malversación; una decisión que llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid corrigiera parcialmente su resolución anterior, archivara dos delitos y ordenara levantar las medidas cautelares que les había impuesto. La causa queda así delimitada respecto a la primera apertura de juicio oral, acordada en junio, que incluía también los supuestos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

En todo caso, el juez Peinado sostiene que Gómez habría "aprovechado su proximidad al presidente del gobierno para impulsar su proyección profesional" en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, con la investigación centrada tanto en su intervención en favor del empresario Juan Carlos Barrabés como en el supuesto destino privado del software vinculado a la cátedra que dirigió en la Complutense —por el que la institución académica demanda 113.500 euros— y la utilización de su asistente para fines particulares.

Pendiente de que todo ello se dirima en el juicio, no impone fianza ni acepta las medidas solicitadas por la acusación popular para impedirle disponer de sus participaciones empresariales y de determinados activos digitales. Eso sí, subraya, como ya hiciera en anteriores resoluciones, que las conductas analizadas parecen "más propias de regímenes absolutistas por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado". "Quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII", vuelve a comparar.

De cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de trece años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, mientras las defensas y fiscalía piden su absolución.

Caso Plus Ultra

El segundo frente judicial en el entorno del gobierno de Sánchez tiene ya una fecha señalada: el 30 de noviembre. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado ese día a Alba y Laura Rodríguez, hijas de Zapatero, para declarar como investigadas. Ambas habían sido imputadas en junio en el procedimiento que indaga, entre otros asuntos, si se produjeron irregularidades en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia.

Las pesquisas sitúan a la empresa que administran, What The Fav, como un supuesto centro de redistribución de fondos de la presunta trama. De hecho, fiscalía atribuye provisionalmente a las hermanas supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Zapatero, en su declaración como investigado, defendió que la empresa de sus hijas tiene actividad real y cobra por trabajos de marketing efectivamente realizados, de modo que rechazó cualquier irregularidad.

Visión del PSOE

Tras conocerse la decisión de Peinado de abrir juicio contra Begoña Gómez, el gobierno ha trasladado que se trata de una decisión "injusta y arbitraria" que forma parte de una "persecución" orquestada contra ella por ser la mujer de Pedro Sánchez.

Y si fuentes de Moncloa mostraban su "plena confianza" en que el jurado "será ecuánime e impartirá justicia", la ministra de Ciencia, Diana Morant, lo ha puesto en cuestión. "Se le está pidiendo a los ciudadanos que vayan a juzgar una causa que llevamos dos años hablando de ella en todas las televisiones y en prácticamente todas las sesiones del Congreso de los Diputados. ¿De verdad creemos que ese jurado va a ir sin ningún prejuicio?", ha subrayado en la televisión pública.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se ha referido al auto del juez Peinado como su "último servicio a la patria" antes de su inminente jubilación, sin dejar de insistir en que Begoña Gómez es "inocente" y en que "no hay ninguna prueba de que haya cometido delito alguno".

De esa misma indefensión ha hablado Morant en lo relativo a la causa que afecta a Zapatero, y ha advertido de que en España han sido condenados ya dos personas "inocentes": el ya exfiscal general del Estado y el hermano del presidente Sánchez. "Eso también hay que señalarlo", ha apuntado, antes de reprochar a la justicia que no investigue la "compra de edificios" del expresidente popular José María Aznar en la Comunidad Valenciana.

Críticas de la oposición

Una vez conocida la decisión del juez Peinado, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha respondido que los jueces en España "no son fachas ni persiguen al gobierno", sino que "hacen su trabajo y aplican la ley". "La mujer del presidente puede trabajar, lo que no puede es aprovecharse de su condición para medrar y conseguir lo que nunca obtendría por méritos propios", ha sentenciado a través de sus redes sociales.

"No hay banquillo para tanto acusado relacionado con Sánchez", han enfatizado los populares, antes de recordar que ya han sido condenados "su fiscal general, su número dos (José Luis Ábalos), el guardián de sus avales (Koldo García) y su hermano". En todo caso, ya han dado por hecho que "la corrupción del sanchismo será juzgada en los tribunales, pero también en las urnas".

Más duro ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha achacado a Begoña Gómez la comisión de "delitos propios de una vulgar banda de estafadores" y ha acusado a Sánchez de "arrastrar a la sede de la presidencia del gobierno al banquillo de los acusados por primera vez en democracia". "España no se merece a esta mafia", ha remachado.