Padres de familia se manifiestan por presuntas "violaciones de derechos humanos" en el Liceo Franco Mexicano

El pasado viernes 7 de marzo, un grupo de padres de familia se concentraron frente al Liceo Franco Mexicano, situado en Avenida Universidad, Alcaldía de Coyoacán, para protestar por lo que consideran una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por la escuela contra sus hijos desde 2017 hasta la fecha. La manifestación también denunció la falta de acción del Estado mexicano en la protección de los menores involucrados.

Los padres, junto a varias organizaciones en defensa de los derechos de la infancia, como Rescate de la Infancia y Más Infancia Feliz, denunciaron la presunta corrupción y apatía de las autoridades del país ante las investigaciones, que según los afectados, se encuentran estancadas y a punto de ser archivadas. Las carpetas de investigación de la Fiscalía de Menores, que incluyen más de cinco casos, no han avanzado pese a las evidencias presentadas por los progenitores.

Una de las demandas más contundentes fue dirigida a la Fiscalía de Menores, que recientemente sufrió cambios. La nueva Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, destituyó al fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, Miguel Ángel Barrera, por presunta corrupción. Barrera, al parecer, lideraba una organización de sobornos dentro de la Fiscalía, lo que ha complicado aún más la resolución de los casos.

Durante la manifestación varios padres con pancartas y folletos informativos que entregaron a los transeúntes y a otros padres que llegaban al plantel.

Entre los asistentes a la manifestación estuvo Carmen de Benito Apaolaza, Consejera General por México del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), quien se presentó en apoyo a dos de los alumnos afectados, hijos de emigrantes españoles en México. También estuvo presente la tiktoker Nina Mashati, presidenta de la organización Rescate de la Infancia, que ha sido vocal en la denuncia de la situación.

A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades mexicanas para establecer una mesa de diálogo con la escuela, la institución se negó a participar en cualquier tipo de conversación, según los manifestantes que señalaron que la escuela parece burlarse de las instituciones mexicanas, desobedeciendo diversas resoluciones administrativas, ministeriales y judiciales.

La situación ha escalado a niveles internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parte del sistema regional de protección de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha aceptado la solicitud de algunos representantes de los menores afectados. La CIDH ha pedido al Estado mexicano abrir una solución amistosa antes de que se presente una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). México, firmante de las convenciones de derechos humanos de la infancia, ya ha sido requerido por la CIDH para emitir un informe sobre el caso.