Ya son 4.118 los fallecidos por los terremotos en Venezuela, entre ellos 41 españoles y 138 desaparecidos

Las autoridades venezolanas han elevado a 4.118 el número de fallecidos por los devastadores terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron el centro de la costa del país el pasado 24 de junio. Entre las víctimas mortales figuran 41 ciudadanos españoles, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El jefe de la diplomacia española trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que la cifra de españoles desaparecidos se mantiene en 138, mientras que otras once personas han sido localizadas bajo los escombros. Asimismo, destacó que el hospital de campaña desplegado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ya funciona a pleno rendimiento y presta asistencia a unas 200 personas al día, con quirófanos operativos y equipos de apoyo psicológico.

El último balance oficial difundido por las autoridades venezolanas sitúa en 16.740 el número de heridos y cifra en 17.907 las personas que han perdido sus viviendas o cuyas casas han sufrido daños muy graves. Además, 856 edificios han resultado afectados, de los que 190 se han derrumbado por completo.

Los equipos de emergencia han rescatado a 6.462 personas y atendido a 86.794 familias, mientras continúan las labores de asistencia con el despliegue de 3.454 rescatistas internacionales y más de 30.000 efectivos venezolanos. Desde el primer seísmo se han registrado 1.171 réplicas.

Por otra parte, la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, supervisó las labores de reconstrucción en Macuto, estado de La Guaira, la zona más castigada por la catástrofe. Durante su visita puso en marcha el plan Venezuela Renace, destinado a coordinar la recuperación de infraestructuras y servicios esenciales mediante un despliegue conjunto de organismos públicos.

Por su parte, el líder opositor Edmundo González reclamó mayor transparencia en la gestión de la ayuda humanitaria y propuso la creación de una comisión independiente con participación de Naciones Unidas para supervisar la distribución de los recursos. A su juicio, las compras, contratos y licitaciones relacionadas con la emergencia deben hacerse públicos para garantizar que la ayuda llegue a los afectados y evitar posibles casos de corrupción.