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Según informó la oficina de las Naciones Unidas en Jartum, más de 2.500 empleados y familiares serán trasladados a Adis Abeba, El Cairo, Entebe (Uganda) y Juba, capital del sur de Sudán.
El plan de evacuación responde a las medidas de precaución adoptadas después de que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidiese ayer una orden de arresto contra Bachir y otros altos cargos de su Gobierno.
Sin embargo, las fuentes redujeron la importancia de la evacuación del personal no esencial y dijeron que la operación es sólo un 'proceso de rehabilitación' por el deterioro de la situación de la seguridad en el norte de Darfur, en alusión al asesinato la semana pasada de siete soldados de la misión.
Mientras tanto, el Gobierno sudanés, que rechaza la competencia legal de la CPI para juzgar a Bachir, ha convocado movilizaciones por todo el país como parte respuesta a las acusaciones de Moreno Ocampo.
'Sudán no aceptó incorporarse a la CPI, por lo que ésta no tiene ninguna autoridad legal sobre el Gobierno o los habitantes de Sudán', aseguró ayer el vicepresidente sudanés, Ali Ozman Mohamed Taha, en una rueda de prensa en Jartum.
Taha señaló que 'el fiscal jefe (del CPI) no tiene facultad para juzgar a ciudadanos sudaneses', por lo que su decisión de pedir una orden de arresto internacional contra Bachir carece de 'legitimidad'.
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