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EN TODA LA UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado una propuesta para vetar el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitir su uso con restricciones hasta los 15 años. La iniciativa atiende a las recomendaciones del grupo de expertos creado tras las presiones de países como Francia y España, que demandan una edad mínima de acceso para proteger a los menores ante la falta de control por parte de los gigantes tecnológicos.
Durante su discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU) pronunciado en Estrasburgo, Von der Leyen ha proclamado que "es hora de que Europa actúe" y ha avanzado la presentación de la Ley del Niño (EU Kids Act), cuyos detalles perfila junto a la vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.
El nuevo marco legal establece un "enfoque gradual y diferenciado" adaptado a cada etapa del desarrollo. La norma impedirá cualquier tipo de acceso por debajo de los 13 años, mientras que entre los 13 y los 15 años se permitirá una navegación restringida mediante "mini cuentas" supervisadas y configuradas por los padres.
A partir de los 15 años, los usuarios podrán acceder sin supervisión parental directa, si bien las plataformas estarán obligadas a mantener un diseño con seguridad reforzada hasta que cumplan los 18 años.
Para justificar la intervención regulatoria, la dirigente conservadora ha evocado el caso de Oléa, una menor belga de 14 años que se suicidó tras ser víctima de ciberacoso. Von der Leyen ha rechazado que el poder de las tecnológicas sea irreversible y ha anunciado que este mismo otoño el Ejecutivo comunitario presentará una Ley de Equidad Digital para neutralizar los diseños adictivos que perjudican al conjunto de los internautas.
La propuesta de la Comisión Europea sitúa el listón por debajo de la postura fijada en España, donde el Congreso tramita la Ley para la protección de los menores en entornos digitales con un veto fijado en los 16 años para plataformas con contenidos dañinos.
Una enmienda acordada por el PSOE y Sumar exigirá a las empresas tecnológicas demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no utilizan patrones adictivos ni exponen a la infancia a conductas perjudiciales; de no contar con la autorización explícita del organismo regulador, no podrán prestar servicio a menores de 16 años.
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