La lentitud de la justicia beneficia a dos acusados de tráfico de drogas de O Barco

Un acuerdo de conformidad entre el fiscal y la defensa ha evitado el ingreso en prisión de una pareja acusada de un delito contra la salud pública en O Barco. La clave de la sentencia, que fija la pena en dos años de cárcel y 5.000 euros de multa, reside en la aplicación de la atenuante de dilación indebida, por la prolongada inactividad del procedimiento judicial así como la toxicomanía de los inculpados.

El fiscal reconoció que la tramitación de la causa se había extendido de manera excesiva e injustificada. Los hechos que motivaron la acusación ocurrieron en octubre de 2022, pero la apertura del juicio oral no se produjo hasta junio de 2024, acumulando un periodo de más de 18 meses en los que el procedimiento estuvo paralizado sin motivo.

Esta demora, ajena a los acusados, fue considerada una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, lo que legalmente permite reducir la pena inicial solicitada (cinco años de cárcel).

En Éntoma

El escrito de la acusación detalla que la pareja, Mónica D.C.M. y Vicente G.N., utilizaba su vivienda de Éntoma y un garaje para la distribución de droga. Tras el registro domiciliario, la Guardia Civil intervino en la cocina y habitaciones de la casa sustancias estupefacientes valoradas en 7.279 euros: más de un kilogramo de marihuana (939,4 gramos netos), unos trozos de hachís; cuatro gramos de cocaína de alta pureza (más del 80%) así como 198 pastillas de Alprazolam y Diazepam y utensilios de tráfico como dos básculas de precisión y 380 euros en efectivo.

Normalmente, el tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud (como la cocaína) conlleva penas superiores a los tres años. Sin embargo, la aplicación de la atenuante de dilación indebida, sumada a la de drogadicción, permitió reducir la condena a dos años.

Al carecer de antecedentes penales y al no superar la pena los 24 meses, los condenados podrán solicitar la suspensión del ingreso en prisión ante el juez, quedando obligados a no volver a delinquir durante el periodo de suspensión y a cumplir con otras medidas, como someterse a un posible tratamiento de deshabituación.