Los tramos de la A-76 en Valdeorras están aún en redacción

La sociedad valdeorresa deberá seguir esperando para ver máquinas trabajando en la construcción de la autovía A-76, que debería comunicar Ponferrada con Ourense. Así lo indica la respuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a las preguntas de diputados leoneses y gallegos interesándose por los tres primeros tramos de la infraestructura: Villamartín de la Abadía-Requejo, Requejo-A Veiga de Cascallá y A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras.

La respuesta del Gobierno central a las preguntas es prácticamente la misma para los tres tramos, pues afirma que “el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene en redacción el proyecto del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo”, para seguidamente afirmar que “se encuentran también en redacción los proyectos de la A-76 correspondientes a los tramos Requejo-A Veiga de Cascallá (León y Ourense) y A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras (Ourense).

La contestación de Madrid dista mucho de convencer a los diputados ourensanos Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana y las diputadas leonesas Ester Muñoz de la Iglesia y Silvia Franco. “Acredita en el Ministerio falta de transparencia, incumplimiento de compromisos, desidia y sobre todo un patente desprecio a los vecinos de las comarcas de Valdeorras y el Bierzo, que siguen comunicándose hoy por una carretera N-120 que está absolutamente superada”.

Los populares recuerdan que la infraestructura fue considerada “prioritaria” por la patronal de las constructoras, Sepoan, en un reciente informe de la ingeniería Sener acerca de las “actuaciones a acometer por el Estado en el horizonte de ejecución temporal 2024-2035”. Este documento contempla que la A-76, de 125 kilómetros de longitud, 1.353 millones de euros de inversión y 609 de mantenimiento, conllevaría unos beneficios sociales de 1.470 millones en tres décadas, repartidos entre el ahorro ambiental y de tiempo, así como en reducción de costes.

Los diputados ourensanos muestran su malestar ante la falta de fechas concretas para la aprobación de los proyectos de construcción y trazado, según el caso, y por la demora en la licitación de las obras.