Aldama y la colaboración de la justicia

A cuenta de las peticiones de pena en el “caso Koldo” y en concreto sobre las que recaen en el comisionista Víctor de Aldama, se ha abierto una nueva trinchera de enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición por la posición del propio PP, que actúa como acusación particular y ha propuesto una rebaja de la condena que le pudiera recaer por sus presuntos delitos para que no entre en la cárcel, y la decisión del ministerio público de mantener su petición de siete años de cárcel.

Frente a esa decisión, que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, atribuye a una connivencia entre el comisionista encausado y el propio PP en la medida en la que durante su testifical ante el Supremo situó a Pedro Sánchez como “número uno” de la organización criminal de la que reconoció que él mismo formaba parte, el partido de Núñez Feijóo se ha rebelado y no solo exige explicaciones a cerca de por qué el ministerio público no se ha sumado al reconocimiento de su colaboración muy cualificada con la Justicia en todos los casos en los que aparece su nombre como presunto delincuente, dado que tal reconocimiento podría librarle de la cárcel si todas las acusaciones hubieran ido en esa dirección.

De lo que lo que no cabe ninguna duda es de que Víctor de Aldama se ha beneficiado de una serie de decisiones controvertidas del fiscal anticorrupción

Para el PP, la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de obligar al fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, a mantener la calificación de los hechos es una demostración más de la sumisión de esta institución a los designios del Gobierno y una contradicción con las iniciativas para la protección de los informantes en los casos de corrupción. La protesta de Génova por esos hechos, junto a su interés decidido por poner en marcha una regeneración democrática cuando lleguen al Gobierno, puede considerarse como un avance de su programa electoral en materia de justicia. En ese sentido será muy interesante ver quién es la persona que se ocupa de dirigir la política criminal del gobierno y su grado de independencia del mismo, no vaya a ocurrir que se caiga en los mismos defectos que ahora se critican, y que quién ocupe la Fiscalía General del Estado no llegue con un marchamo indefectible de independencia real.

De lo que lo que no cabe ninguna duda es de que Víctor de Aldama se ha beneficiado de una serie de decisiones controvertidas del fiscal anticorrupción que han beneficiado su situación actual de libertad y que por la intervención de Peramato puede ver frustrado su deseo de seguir manteniéndola. Además se da la circunstancia de que la prometida colaboración con la Justicia para desentrañar otros casos de corrupción ha tenido un efecto muy limitado, por el momento, a la espera de que presente el arsenal de pruebas que afirma tener contra Pedro Sánchez, su esposa y la presunta financiación ilegal del PSOE, que por ahora no han aparecido. Quizá esté esperando a la sentencia del Supremo, que ha de ser condenatoria porque ha reconocido los hechos por los que estaba siendo juzgado, para intentar volver a librarse de la cárcel.