La amoralidad

Con el sistema “que nos hemos dado”, como dicen los cursis, hemos de admitir que la política incide en la vida de las personas. Ya lo sabemos, claro, pagamos más o menos impuestos, soportamos más o menos leyes molestas, o disfrutamos de mejores o peores servicios públicos. Pero no es una obviedad recalcarlo cuando, al menos en mi experiencia, España es lugar del mundo donde más se escucha eso de “todos los políticos son iguales”. Habrá quien objete que se trata de un comentario de barra de bar, mi campo de acción sociológica habitual, pero tengo una respuesta de muy difícil impugnación: también votan, de hecho, son los que votan.

A pocas horas de la terrible tragedia ferroviaria, otra terrible tragedia ferroviaria, cuando aún las causas son meras hipótesis, no pretendo establecer una absurda relación improvisada de causa-efecto entre la acción política –o inacción en este caso- y el accidente. Pero, incluso sin establecer directamente esa relación, la inmensa mayoría de los españoles nos estamos planteando hoy lo mismo que lanzó este miércoles Alberto Núñez Feijoo: “España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras”.

Antes del accidente, y tras Adamuz, hemos visto como tanto los sindicatos de maquinistas como la propia Comisión Europea denunciaba deficiencias en seguridad ferroviaria e instaba al Gobierno a invertir más en la conservación. De hecho, había una huelga de maquinistas convocada para este jueves, ya desde antes del accidente, clamando una vez más por las mejoras en la seguridad ferroviaria.

Pero incluso dentro de lo que es legal, el destino de la inmensa cantidad de dinero que nos sacan de los bolsillos puede ser una clara señal de incompetencia o de amoralidad

A veces el dinero de nuestros impuestos termina en lugares terribles, ya sea la financiación de crímenes de Estado, en corrupción, o para facilitar la vida de amantes y queridas de tal o cual ministro o alto cargo. Pero incluso dentro de lo que es legal, el destino de la inmensa cantidad de dinero que nos sacan de los bolsillos puede ser una clara señal de incompetencia o de amoralidad. Durante estos últimos ocho años, ya dirá la justicia lo que tenga que decir sobre las posibles ilegalidades, no cabe duda de que el despilfarro de nuestro dinero en tonterías, en intereses completamente ajenos a los españoles –e incluso contrarios-, y en apuestas infructuosas, o decididamente sectarias, ha sido tan abultado e histórico como la salvaje recaudación récord que ha logrado Pedro Sánchez apretando al máximo la máquina tributaria; es decir, empobreciéndonos. ¿A cambio de qué?

Casi todos los Gobiernos, de derechas o de izquierdas, suelen cuidar las infraestructuras con esmero. Primero porque es algo que nos afecta a todos y es altamente visible, y nadie quiere cabrear a los propios con una red ferroviaria lamentable o autovías tercermundistas. Y después porque, a fin de cuentas, el presupuesto del Ministerio de Transportes es siempre arrollador. Pero incluso en esto, por razones que se me escapan, Sánchez también ha resultado una extraña excepción. En estos ocho años no se han echado en falta inauguraciones ni políticos cortando la cinta de nuevas o renovadas infraestructuras, lo que sí hemos echado en falta es lo que no se ve, pero cuesta vidas, que es el mantenimiento de las mismas. Si la obsesión propagandística y estética del sanchismo está detrás de esta arbitraria dejadez en mantenimiento, la amoralidad del presidente del Gobierno estaría abrazando cotas nunca alcanzadas. ¿Quién se atreve a asegurar que no?

“Todos los políticos son iguales”, pero no es verdad. Podemos discrepar en políticas ideológicas, en gestión de la economía, en las relaciones internacionales y en un montón de cosas más. Pero las infraestructuras, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o la atención sanitaria, son algo básico y ajeno a toda ideología o partidismo. La acción política tiene consecuencias en nuestras vidas y en las vidas de la gente que queremos.

España tiene derecho a saber qué está pasando, como señaló el líder de la oposición, y tiene derecho a saberlo antes de ir a las urnas.