Beneficio de justicia gratuita y turno de oficio

Las negociaciones sobre el nuevo baremo para las retribuciones a los abogados y abogadas del turno de oficio parecen estar estancadas. No son nuevas por parte de la Abogacía las demandas de mejoras retributivas para la prestación de este servicio Público que en nuestro Ordenamiento jurídico vienen atribuidas a los Colegios de la Abogacía. Sin duda la Administración tiene que hacer mayor esfuerzo inversor en esta materia (y en la Administración de Justicia en general) y no solo en lo que se refiere a conceptos retributivos concretos sino abonar todas las actuaciones profesionales que se puedan llevar a cabo cuando se les designe la defensa de un beneficiario. No parece por otro lado que estemos hablando de demasiado dinero. Con muy poco presupuesto más la mejora sería sustancial. Dicho esto es posible que el Beneficio de Asistencia J.G. como servicio gratuito y como está diseñado haya que reflexionarlo. Dando por pacífico y evidente el hecho de que hay que blindar la prestación de un Servicio Público que garantice la asistencia jurídica a las personas sin recursos, ello no tiene que significar,necesariamente, que tenga que ser a coste cero para ellas.

No parece coherente, por ejemplo, que un trabajador, por el hecho de serlo, y con independencia de su capacidad económica, tenga “per se” derecho a una defensa gratuita en la jurisdicción laboral.

Actualmente los umbrales económicos existentes para acceder al beneficio de justicia gratuita tienen margen de ajuste, para poder pagarse un profesional fuera del turno de oficio. Los honorarios profesionales son libres, y libremente acordados entre las partes. Porque además cuando mayor sea el número de personas que puedan acceder a esa “gratuidad” menor es el número de clientes que van acudir a los despachos particulares.

No se ha abordado una reforma del Estatuto Provincial Colegial; no se está trabajando en una reforma del reglamento colegial del turno de oficio tan solicitada en su día por las ahora gestoras, y una auditoria colegial ni siquiera consta en los presupuestos aprobados para este año 2026.

La otra cara del Beneficio de Justicia Gratuita es el turno de oficio, esto es, profesionales adscritos a ese servicio cuyo trabajo una vez reconocido el beneficio es abonado por la Xunta de Galicia conforme a un baremo que se firma con el Consello da Abogacía Galega. El turno de oficio en su origen era la máxima expresión de una abogacía Pro Bono.Se vivía dignamente de los clientes y se prestaba ese servicio vocacional. La evolución del los tiempos, distintas circunstancias, número de profesionales, crisis económicas y en el caso de Ourense y provincia una sociedad envejecida y donde la abogacía que se practica es destructiva y no constructiva ( se liquidan más empresas que se constituyen, se desalojan más locales que se ocupan etc.) ha hecho del turno de oficio una necesidad en algunos casos. Ha crecido la “turnodependencia” - de manera mas significativa en partidos judiciales de la provincia-, más allá de un porcentaje de profesionales con una encomiable adscripción al servicio por vocación en turnos, sobre todo, relativos a menores y violencia de género. No tengo la menor duda que si los clientes en los despachos fueran numerosos, el turno de oficio interesaría a pocos. Como tengo claro que una mejora significativa en las remuneraciones del servicio contribuiría a nuevas altas en turno de oficio, con lo que a más profesionales, menos a percibir. Todo ello, como he dicho, no empece el hecho de la reivindicación justa de retribuciones a los profesionales a precios de mercado por su trabajo. España es el País de la UE que más asuntos atiende de oficio y que menos aporta por cada caso, si bien hay diferencias significativas por CCAA.

La actual Junta de Gobierno del Colexio de Ourense tiene como únicos objetivos las cuestiones relacionadas con turno de oficio y la Mutualidad de la Abogacía, pero resulta significativo que en el año 23/24 se llame desde plataformas a la movilización y huelga en el turno de oficio, aún vigente un acuerdo/baremo entre la Xunta y el Consello da Abogacía y hoy, finalizado esa vigencia, y pendiente un nuevo baremo, la huelga ya no sea una prioridad… Solo se me ocurren dos motivos…que una vez asumida responsabilidad institucional ello haga ver las cosas de otra manera o que hayan existido motivos espúreos en su momento (o las dos). Pero un Colegio Profesional como Corporación de Derecho Público es mucho más que eso. Es formación; deontología; es control del intrusismo profesional; son relaciones Institucionales así como presencia en la propia sociedad..es afrontar los retos de esta profesión ante la inteligencia artificial y el futuro de una profesión incierto. La actual Junta ha tenido por bandera la transparencia y escucha a los colegiados ( si bien con una fractura colegial entre buenos y malos antes nunca vista ), pero en abril del año pasado la dimisión de una vocal por desavenencias ha sido silenciada y convencida para que se retractara, y solicitado por un buen número de compañeros y compañeras una Junta Extraordinaria conforme a los Estatutos, para debatir y ser oídos sobre distintas cuestiones, se ha denegado, y está pendiente resolver el recurso planteado ante el Consello. Donde antes no gustaba la explicación de la junta saliente que por protección de datos no se podían divulgar los ingresos en materia de turno de oficio de cada colegiado sin su permiso, ahora se sigue pendiente de esa información.

No se ha abordado una reforma del Estatuto Provincial Colegial; no se está trabajando en una reforma del reglamento colegial del turno de oficio tan solicitada en su día por las ahora gestoras, y una auditoria colegial ni siquiera consta en los presupuestos aprobados para este año 2026. Se va a cumplir un año de gestión y la propia Decana reconoce que aún no saben como “están” las cosas en el Colegio… A los tres meses de gestión de la nueva Junta de Gobierno han generado conflictos con el Consejo General de la Abogacía, el Consello da Avogacía Galega, la Abogacía Joven y los trabajadores de la Institución. Parece perseguirse un Colegio de perfil bajo, desconociendo que un Colegio Profesional es esencialmente servicios a sus colegiados y colegiadas. Ajustes económicos en personal bajo la coartada de una bajada en las cuotas colegiales de poco sirve si cuando se llama al Colegio nadie coge el tlf.y se demora cualquier solicitud o no se atienden las demandas del colectivo. Es poco presentable que en la web colegial tras llevar a gala que se garantizan los derechos de los trabajadores se señale negro sobre blanco que se pagaban salarios de ministros con funciones de bedel. Sin duda todo indica que hay mas habilidad para empuñar un megáfono y sostener una pancarta que representar con acierto a un colectivo. Sume en la perplejidad que la Decana del colectivo no tenga reparo en arengar que hay que quemar el Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad.

En mi opinión debe ser al contrario. Mientras otros Colegios de la Abogacía crean en su seno Institutos de Mediación para abordar los MASC, en Ourense se descarta. La obsesión es el turno de oficio pero los solicitantes de justicia gratuita han de acudir para ser atendidos en una oficina exigua en el edificio de los Juzgados donde comparten espacios trabajadores, colegiados y ciudadanos … con unas instalaciones en la calle Concejo apropiadas que garantizan privacidad, y que han quedado huérfanas de uso, siendo que por primera vez cierra esa sede en el mes de agosto. Cerrando es sencillo ajustar presupuestos.

Malos tiempos para esta profesión que demanda, más si cabe, una buena gestión. Esperemos que no se desee que hubiera sido una buena idea cumplir lo que en su día mantuvo la actual Decana… “no persigo presentarme a representar esa Institución”.