Cambio institucional y desarrollo territorial en la Galicia del siglo XXI

Vivimos en un mundo de por sí convulso en el cual pocos principios y verdades resultan inmutables. Un universo encorsetado, de un tiempo a esta parte, por la polarización y la estridencia que, más allá de socavar los más elementales principios de convivencia, amenazan la capacidad de respuesta colectiva a la hora de afrontar con mínimas garantías de éxito los retos que el devenir nos depara. Bien es cierto que, con independencia de sus potencialidades, siempre ha existido un elevado grado de heterogeneidad en las trayectorias específicas seguidas por las diferentes sociedades y que cada comunidad, en mayor o menor medida, ha construido su propio futuro como Dios le dio a entender. Pero también resulta evidente que el desarrollo de los territorios requiere aunar voluntades no siempre coincidentes y que, con la lógica institucional que impera en la vorágine actual, difícilmente progresaremos al ritmo que la ciudadanía demanda y, por descontado, bien merece.

Porque cualquier transformación sustantiva de un país, sea Galicia en el caso que nos ocupa, requiere en buena lógica de un ejercicio de planificación que, partiendo de una identificación clara de las metas a alcanzar, establezca los pasos imprescindibles para su logro. Sin un plan de acción meditado y definido, sin saber a dónde se quiere llegar y cuál es la ruta a seguir, solo la casualidad y el azar propiciarán que el camino andado lleve a un destino deseable. Y en un mundo como el actual, sumido en una complejidad y confrontación sin precedentes, todo parece indicar que únicamente la cooperación entre agentes públicos y privados, entre las instituciones y demás actores económicos y sociales que operan en el territorio, proporcionará el marco adecuado para aprovechar de forma eficaz y sostenible el potencial de crecimiento que nos caracteriza como país. Un argumento, el esgrimido, que emplaza a Galicia ante el reto de construir un modelo de desarrollo a largo plazo que efectivamente involucre al conjunto de la sociedad, asuma mecanismos participativos de toma de decisiones y contemple altas dosis de compromiso y consenso por parte de los actores afectados.

Por tanto, y al hilo de la disertación precedente, parecería propicio iniciar la tarea indicada acometiendo un metódico ejercicio de reflexión colectiva y plantearnos la oportunidad de emprender sin dilación un proceso de cambio institucional en Galicia que enmiende las reglas del juego imperantes y no siempre ajustadas a los legítimos intereses de nuestros conciudadanos. Bien es cierto que el Estatuto de Autonomía, en compañía de otros preceptos normativos, establece el marco jurídico formal y las competencias y atribuciones de los diferentes entes institucionales, amén de otros considerandos, propios del autogobierno. Pero, es evidente que no define la praxis cotidiana del ejercicio de la acción política, ni la metodología para alcanzar acuerdos en el seno de las instituciones representativas de la voluntad popular, por no hablar de la capacidad de interlocución y diálogo entre las diversas Administraciones Públicas que operan en nuestra Comunidad Autónoma. Y, en este sentido, cada vez cobra mayor notoriedad y transcendencia la necesidad de impulsar un reajuste en las “reglas no formalizadas” que contribuya a salvaguardar la convivencia, a dotar a nuestro país de mayor capacidad de consenso y a fortalecer una cultura de concertación que hoy parece ensombrecida, por no decir secuestrada, por el radicalismo exacerbado del disenso en boga.

Esta última reflexión, más allá de justificarse en términos de alentar la construcción de un modelo de desarrollo territorial autónomo y sostenible para Galicia, emana del convencimiento personal de que buena parte de los desencuentros institucionales que se viven en la periferia del Estado español obedecen a inercias recentralizadoras y a un clima polarizado de opinión amamantado en los cenáculos de poder nacionales. Un ejercicio en buena medida mediático que, contraviniendo los principios básicos de la aritmética macroeconómica, magnifica el protagonismo de Madrid como polo de desarrollo y relega al resto de Comunidades a un papel marginal en el quehacer colectivo de generación de progreso y riqueza. Es más, la realidad de los hechos sugiere que esta suerte de negacionismo castizo obvia manifiestamente que gran parte del éxito económico alcanzado por España en las últimas décadas descansa en el policentrismo de un sistema de ciudades impulsado de forma decisiva por el proceso autonómico iniciado en 1978 con la promulgación de la Constitución. Prueba inequívoca de cómo el marco normativo e institucional determinan el devenir de los pueblos. Esperemos que Galicia sea consciente de su mayoría de edad e interprete correctamente los estímulos que llegan desde la Meseta. Feliz 25 de julio.