Mi casa

A lo que se ve, no es la invocación exclusiva de E.T. el extraterrestre, en la famosa película de ciencia ficción estadounidense de 1982, dirigida por Steven Spielberg, sino el clamor de una gran parte de la sociedad española, que se pregunta por su casa, y es que más allá del derecho a una vivienda digna, recogida en la Constitución, está la necesidad diaria y humana de un techo bajo el que guarecerse. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí, cuando los defensores del régimen anterior afirman en voz alta que con Franco estas cosas no pasaban?

Lo cierto es que la escasez de vivienda en España siempre ha sido un mal endémico, al menos refiriéndose a una vivienda digna. Desde las chozas de cascotes con techo de paja o pizarra de Galicia interior, las barracas de cañas y barro de Valencia, hasta las cuevas de Andalucía o las chabolas de la Cañada Real.

Ante todo, que nadie se engañe, ese panorama fue con el que tuvo que lidiar la dictadura después de acabada la Guerra Civil, aunque más que como el fruto un mal endémico del país que como consecuencia de la conflagración. Cuando a partir de 1947 se inició el más ambicioso plan de construcción del mayor parque de viviendas que jamás hubo en España, hay que reconocer que, pese a la pobreza y falta de recursos de la autarquía, el Estado contó con varias ventajas.

La primera fue análoga a lo que pasaba en muchos otros países como consecuencia de su naturaleza política o consecuencia de la postguerra: el estatalismo, que en el este de Europa alcanzó el grado de estadolatría, confiando los ciudadanos al Estado un poder cuasidivino para solucionarlo todo.

Lo cierto es que la escasez de vivienda en España siempre ha sido un mal endémico, al menos refiriéndose a una vivienda digna.

La cuestión es que, de facto, el generalísimo disponía de todo el poder del Estado para instrumentalizar la vida del país, lo que involucraba el control sobre la industria. De modo que, tras constituirse en el germen de lo que hoy en día se conoce como viviendas prefabricadas, la Administración inició la construcción, para trasladar más tarde su promoción, durante el aperturismo, a la empresa privada, aunque siempre bajo estándares estatales, lo que permitió en el plan de política social de la dictadura edificar 4.700.000 unidades, hasta el fin del último plan que remataba en 1978, solucionando el acceso a la vivienda de la mayoría de los españoles.

Una solución no operativa hoy en día porque se trata de un problema estructural demográfico, político, ideológico y comercial que lo impide. Aquel plan contemplaba una población de 35 millones de habitantes del baby boom, con una media de 8 personas por familia, cubriendo la necesidad de techo con menos vivienda. Pero ahora son 49 millones -50 desde la regularización-, ahondando la cuestión estructural de constituirse en familias parentales con un hijo o incluso monoparentales, disparando exponencialmente la demanda, y mostrando la punta de un iceberg que denuncia la cada vez más acuciante falta de servicios públicos para una población emergente.

Desde un punto de vista político e ideológico, se entiende como nunca que los comunistas solo aborrecen la propiedad privada cuando es ajena; por eso Irene Montero no alivia la pesadilla de tantas personas cediéndoles espacio en su chalé de Galapagar, o Yolanda Díaz, que vive en una propiedad pública de 400 m2, que podría dividirse en 8 apartamentos, y es que una cosa es predicar y otra repartir trigo, y de paso deja entrever por qué el Gobierno rechazó las mascarillas de regalo de Amancio Ortega durante la pandemia. Claro, cuando es gratis no hay donde morder.

Por otro lado, está la cuestión esgrimida por Ione Belarra con su eterna cara de florecilla silvestre, otra neomarxista que no sabe ni Sumar, afirmando que una vivienda de protección oficial no debería costar más de 50.000 euros, sin explicar cómo hacer el milagro de los panes y los peces partiendo de solares que cuestan el doble, a lo que hay que añadir los costes. Porque a los trabajadores, aunque no sean diputados, también hay que pagarles, cuando la solución parte de dos principios: el modelo constructivo y la liberalización de suelo edificable, por parte de los ayuntamientos, que termine con la especulación del suelo forzada. Porque, como dijo Albert Einstein, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos.