Un ciudadano particular

Cuando se suceden los casos de corrupción que afectan al PSOE y al PP sirven todas las consideraciones realizadas en cuanto a la presunción de inocencia, los informes de la UCO y de otros organismos oficiales a los que se da absoluta validez e incluso sirven a los jueces en bandeja el relato en el que basan sus autos, y por supuesto, sus consecuencias son las derivadas del juicio mediático y de la opinión pública que se orientan hacia la presunción de culpabilidad.

Un ciudadano particular, a la sazón el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso tiene abierto un proceso por fraude fiscal confesado por el propio autor de 350.000 euros, y otro por supuesta corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, por haber pagado medio millón de euros a un directivo de Quirón Prevención, que le habría facilitado una comisión de dos millones de euros por la venta de mascarillas durante la pandemia, mediante la compra de una empresa de su mujer sin apenas actividad económica.

En Génova habrá quién vea con alivio los problemas que se le avecinan a Ayuso, tantas veces némesis de Feijóo, a quien Sánchez ha pedido que se manifieste al respecto.

Cuando surgieron las primeras noticias sobre el correo de González Amador a la Fiscalía para obtener un pacto de conformidad con el que evitar la cárcel, la propia presidenta salió en defensa del ciudadano particular que estaba siendo asediado por Hacienda por la relación que mantenía con ella. Aquel caso derivó en la condena del ex fiscal general del Estado por revelación de secretos. Ahora, Hacienda ha revelado que el novio de Ayuso obtuvo 4,4 millones de Quirón entre 2021 y 2023 y ha pedido al juez suspender la inspección fiscal, como es su obligación, para dar prioridad a la investigación penal. Al tiempo la UCO considera que los trabajos de auditoria por los que facturaba a Quirón Prevención no podían ser elaborados por sus empresas porque carecían de los medios necesarios para realizar esa labor. Es una situación similar a la que se ha dado en el caso de la investigación del ‘caso Plus Ultra’ con la aparición de empresas tapadera que servirían para la comisión de algunos delitos de los que se acusa a Zapatero, como a sus hijas, recientemente imputadas.

El hecho es que los ingresos de Alberto González Amador crecieron exponencialmente desde el comienzo de la relación con Díaz Ayuso a través de Quirón Salud la empresa con la que la comunidad privatiza los servicios sanitarios de forma preferente. Ahora comenzará el goteo de informaciones de la policía judicial y del juez respecto a su actividad empresarial con la derivada política habitual.

La primera reacción del PP, por parte de su secretario general Miguel Tellado, ha sido volver al origen de la presencia pública de González Amador. “Es una cuestión personal que en nada afecta a Isabel Díaz Ayuso porque no afecta a la administración que dirige”, ha dicho en una exculpación de manual que tiene un escaso recorrido, porque la situación del novio de Ayuso va a marcar la vida política madrileña y pondrá de manifiesto la tradicional doble vara de medir aplicable a los casos de corrupción según sean propios o ajenos. En Génova habrá quién vea con alivio los problemas que se le avecinan a Ayuso, tantas veces némesis de Feijóo, a quien Sánchez ha pedido que se manifieste al respecto. Incluso para los legos en derecho, entre todos los casos de corrupción en candelero se aprecian las concomitancias en su investigación y en su repercusión política.