Los cimientos del Estado de Derecho

Tras más de cuatro décadas de ejercicio en el Ministerio Fiscal, uno aprende a distinguir con claridad las palabras de los hechos, las intenciones de las realidades. Y si algo puedo afirmar sin reservas es que, en la lucha contra la corrupción en España, pocas instituciones han demostrado una eficacia tan constante como la Guardia Civil.

He tenido ocasión de trabajar codo con codo con sus unidades de policía judicial en investigaciones complejas, de esas que no ocupan titulares hasta que estallan, pero que requieren años de trabajo silencioso. Y ahí, en ese terreno poco visible, es donde se forja el verdadero Estado de derecho. No en las declaraciones altisonantes, sino en la paciencia de seguir un rastro bancario, en la meticulosidad de un informe, en la solidez de una prueba.

Dentro de ese entramado, la Unidad Central Operativa -la conocida UCO- representa, sin exageración, una de las piezas más valiosas de nuestro sistema judicial. Su capacidad para desentrañar tramas complejas, donde se entrecruzan intereses políticos y económicos, ha sido determinante en algunos de los casos más relevantes de nuestra historia reciente. Y lo ha hecho, además, con una cualidad que no siempre abunda: discreción.

La corrupción no se presenta de forma burda. Rara vez adopta la forma de un delito evidente. Es sofisticada, se reviste de legalidad, se oculta en procedimientos administrativos aparentemente impecables. Por eso combatirla exige algo más que voluntad: exige técnica, experiencia y una independencia real frente a cualquier tipo de presión.

En este sentido, investigaciones recientes como el caso Koldo han vuelto a poner de relieve la importancia de contar con unidades especializadas capaces de ir más allá de la superficie. No corresponde aquí anticipar juicios ni sustituir a los tribunales, pero sí reconocer que sin el trabajo previo de análisis, documentación y reconstrucción de hechos que realizan estos equipos, muchos procedimientos ni siquiera verían la luz.

No es un camino sencillo. Investigar la corrupción significa, en muchas ocasiones, adentrarse en espacios de poder. Y eso, inevitablemente, genera incomodidad. A lo largo de mi carrera he visto intentos de desacreditar investigaciones, de sembrar dudas sobre quienes las llevan a cabo, incluso de trasladar el foco desde los hechos hacia los investigadores. Es un viejo mecanismo de defensa: cuestionar al mensajero cuando el mensaje resulta incómodo.

Por eso conviene decirlo con claridad: la fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de corrupción, sino por su capacidad para detectarla y combatirla. Y en ese terreno, la Guardia Civil ha demostrado estar a la altura de lo que exige una sociedad democrática.

No se trata de idealizar a ninguna institución. Se trata, sencillamente, de reconocer el valor de un trabajo bien hecho. De reivindicar la importancia de quienes, lejos del ruido, sostienen con rigor técnico y compromiso personal investigaciones que afectan a intereses poderosos.

Al final de una larga vida profesional, uno conserva pocas certezas, pero algunas son firmes. Entre ellas, que sin cuerpos como la Guardia Civil -y sin profesionales dispuestos a asumir el desgaste que implica investigar la corrupción- el Estado de derecho sería, en el mejor de los casos, una aspiración teórica.

Y conviene no olvidarlo: la corrupción no solo vacía las arcas públicas; erosiona la confianza de los ciudadanos y debilita las instituciones. Frente a eso, la respuesta no puede ser la resignación. Debe ser el respaldo decidido a quienes, con rigor y sin estridencias, se enfrentan cada día a esa forma especialmente dañina de injusticia.