¿Otra ciudad es posible?

Es una evidencia poco cuestionable que las ciudades, como espacios de concentración de población y actividad productiva, ni son un accidente fortuito de la naturaleza, ni una malformación puntual de la genética colectiva. Hace milenios nuestros ancestros cazadores-recolectores decidieron transformar, de forma progresiva y generalizada, su estilo de vida nómada y mutar hacia un sedentarismo consecuente con los quehaceres agrícolas y ganaderos, deriva que a la postre daría lugar a los procesos de urbanización tal cual los conocemos en la actualidad. Todo sugiere que la motivación de fondo que habría alentado el nacimiento y desarrollo de ciudades sería la percepción de que la aglomeración es una forma eficiente de organización de las relaciones humanas y que, por tanto, la proximidad fisica permite generar rendimientos y economías de difícil logro de forma dispersa y aislada.

Así pues, históricamente las ciudades han tendido a desempeñar aquellas funciones que requieren mayor cercanía, densidad relacional e importantes flujos de información, como el gobierno y la dirección económica e institucional, o el liderazgo de los procesos de innovación y cambio tecnológico, productivo, cultural y social. De ahí la asociación lógica que tendemos a establecer entre crecimiento económico y urbano, del mismo modo que solemos evaluar el éxito de las ciudades en tanto en cuanto cumplan su papel social como fuerzas motrices del progreso y del desarrollo colectivo. Es decir, juzgamos el estancamiento o la involución que puedan sufrir los núcleos concretos de población como síntomas inequívocos del mayor de sus fracasos, siendo conscientes de que ninguna ciudad tiene garantizado un devenir prometedor por el mero hecho de serlo.

Pero las urbes actuales operan en escenarios cada vez más complejos y cambiantes, caracterizados por la creciente irrupción de amenazas de naturaleza global, cuyo abordaje requiere nuevos estilos de liderazgo y, por supuesto, una gobernanza participativa capaz de integrar a nivel local las diferentes sensibilidades que conforman el espectro social. Un mundo de proximidad que, por tanto, demanda altas dosis de consenso y corresponsabilidad, y que se aleja irremediablemente de la lógica de polarización y confrontación sistémica que parece imperar en buena parte de las instancias públicas de ámbito supralocal.

Porque hablamos de preservar el medioambiente, de solventar el problema de acceso a una vivienda digna, de integrar a la necesaria población inmigrante, de garantizar el futuro de nuestros jóvenes, de superar el antagonismo rural-urbano, de construir ciudades saludables o de promover entornos innovadores donde el conocimiento y la cultura sean la base de un sistema productivo diversificado y sostenible. En definitiva, necesitamos reedificar desde los cimientos, es decir, desde la realidad territorial, un Estado de Bienestar construido colectivamente a partir de unos principios que se creían inmutables, pero cuyos fundamentos se resquebrajan por falta de un mantenimiento acorde a los nuevos tiempos.

Y en este escenario convulso es imprescindible que las ciudades adopten un mayor protagonismo y, de forma cooperativa con el resto de instituciones, asuman competencias y funciones que hagan realidad el principio de subsidiariedad, comúnmente aceptado en el seno de la Unión Europea y, según el cual, los asuntos públicos deben ser resueltos por la autoridad más cercana al ciudadano. Aunque se acostumbre a postular lo contrario en no pocas ocasiones, la descentralización del Estado es una estrategia que, utilizada con criterio y responsabilidad, puede dotar al sistema institucional de una mayor dosis de eficiencia social, en particular en un contexto de desencuentro permanente en el seno de las instancias públicas supralocales. Lo cual requiere, dicho sea de paso, jerarcas cabales al frente de las instituciones territoriales. Pero este último es otro debate.