La Comisión de la Verdad de Garzón

Que se pretende con la creación de la Comisión de la Verdad? Esa es la cuestión. Para el Gobierno, “la Memoria Democrática constituye la Comisión de la Verdad para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la dictadura”. Eso es lo que se pretende. Además, con la circunstancia de que tendrá como presidente al inefable Baltasar Garzón Real -más real que nunca ahora mismo-, nuestro exmagistrado y juez condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial. Y por supuesto, cuenta con el benemérito apoyo de Cristina Almeida, política adscrita a IU y el PSOE, “abogada y activista y referente en derechos civiles y memoria democrática” y, además, de su hija, María Garzón Molina, comunicadora y consultora española, socia fundadora y responsable de comunicación de la Agencia Internacional Mades Communication e integrada como vocal del Consejo de Memoria Democrática en calidad de presidenta de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que es una de las “entidades memorialistas” en dicho Consejo de Memoria Democrática.

El caso es que esta Comisión de la Verdad encierra, como cada vez que el Gobierno apoya una ley en consejo de ministros -porque recordemos que casi ninguna recibe la aprobación del Congreso-, su parte de manipulación de la verdad como tal. Porque esta ley, suscrita por el todavía ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ahora mismo inmerso en plena operación mascarillas, se enmarca en el desarrollo del Real Decreto 265/2025, que regula el Consejo de la Memoria Democrática (Ley 20/2022, de Memoria Democrática).

Pues bien, esta modificada Memoria, antes histórica y ahora democrática, habla sobre “las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista; su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia” y continúa: “La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia. La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. El olvido no es opción para una democracia”.

Lo dicho, esta Comisión tiene como propósito “contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo, en coherencia con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. Dicho de otra manera, indagar sobre el pasado, sobre un pasado que únicamente anhela en revivir el Partido Socialista, arengado por sus amigos progresistas que respaldan cualquier tipo de manipulaciones.