La corrupción tiene coste económico

La corrupción es una enfermedad que erosiona los cimientos de cualquier democracia. Por eso, el reciente debate parlamentario sobre esta cuestión –convocado tras el estallido del escándalo que afecta a Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE– representaba una oportunidad para que el Congreso mostrara responsabilidad, altura política y compromiso con la regeneración institucional. Nada de eso ocurrió.

El Gobierno de Pedro Sánchez resiste, pero el ruido político eclipsó el verdadero debate anticorrupción, que sigue pendiente en España

El pleno se saldó, en cambio, con una exhibición descarnada de tensión política, descalificaciones personales y un festival de reproches cruzados. Hubo tres debates simultáneos: uno entre el presidente del Gobierno y sus socios, centrado en los esfuerzos para contener la crisis política; otro entre PSOE y PP, que se lanzaron a la cara sus respectivos pasados y presentes judiciales, y un tercero, monopolizado por Vox, que utilizó la sesión como plataforma electoralista, sin aportar nada al fondo de la cuestión. Lo que quedó sepultado bajo esa trifulca fue, precisamente, lo que debería haber sido objeto central del día: el plan anticorrupción.

La corrupción no solo socava la legitimidad democrática: también tiene un elevado coste económico. Distorsiona la competencia, encarece la contratación pública, desalienta la inversión y deteriora la confianza de los agentes sociales. Su impacto se extiende mucho más allá del ámbito judicial o político, afectando directamente a la calidad institucional y al crecimiento del país. Sin embargo, en España el debate sobre las medidas estructurales para combatirla continúa en segundo plano. Hay propuestas sobre la mesa, pero su evaluación y ejecución siguen pendientes. Mientras tanto, la corrupción continúa representando un lastre económico del que se habla demasiado poco y se combate con demasiada lentitud.

Mientras la política se entregaba a una guerra de desgaste, fue fuera del Parlamento donde se produjo un análisis riguroso y valioso. Concepción Campos, secretaria de Administración Local, doctora en Derecho y una de las mayores expertas españolas en integridad institucional, se encargó de lo que los diputados ignoraron: valorar a fondo las medidas.

Campos, que acumula años de experiencia práctica y académica en gestión pública, abordó cada una de las propuestas desde la perspectiva del marco normativo vigente, la eficacia operativa y la coherencia institucional. No para aplaudir, sino para señalar lo que funciona, lo que sobra y, sobre todo, lo que falta.

Una de sus críticas más certeras apunta al anuncio estrella del plan: la creación de una agencia estatal de integridad pública. ¿Más controles o mejores controles?, se pregunta. España cuenta ya con una multiplicidad de órganos fiscalizadores que, lejos de coordinarse, compiten o se duplican. En vez de seguir sumando estructuras, urge racionalizar las existentes, dotarlas de auténtica capacidad sancionadora y evitar la dispersión funcional. También advierte de que un nuevo órgano solo tendría sentido si concentra competencias y recursos, y actúa con eficacia real, no como figura decorativa.

En la misma línea, Campos reivindica la extensión del modelo de control aplicado a los fondos europeos Next Generation a todo el gasto público. ¿Por qué solo blindar una parte del presupuesto? El fraude no distingue entre euros españoles y comunitarios, por lo que la metodología preventiva cabe aplicarla de forma transversal.