Gonzalo Iglesias Sueiro
O neno e as superestruturas
Mientras en las empresas privadas el acoso laboral se vigila, y los acosadores suelen ser despedidos, en algunas empresas públicas los que son acusados son los funcionarios o empleados decentes, que se alarman y denuncian irregularidades, detrás de las cuales suele estar el dinero de la corrupción.
Denunciar suele llevar consigo el traslado de destino, el apartamiento del asunto motivo de la alarma y, en lugar de ser premiado por su honestidad, el honrado denunciante pasa a ser tratado como un peligro chivato. Esta actitud mafiosa no se circunscribe a los directivos de la empresa pública, sino que, en ocasiones, llega hasta el despacho de un ministro, quien, en lugar de ordenar que se investigue, introduce los informes en un cajón, y espera que escampe.
Pero esto es posible porque hay una recua de ejecutivos, dirigentes y enchufados en las empresas públicas, que cierran los ojos, miran para otro lado o, incluso, arremeten contra el valiente que se escandaliza de la corrupción.
Y escampa, claro, porque al honrado se le persigue, se le hace el vacío, y se le acosa hasta que se marcha, o se le despide. Corruptos ha habido siempre, pero ya hemos visto en Adif, en Renfe y, últimamente, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que al cumplir con el deber de ser decente, en lugar de premiarte, te castigan. Primero, están los corruptos, desde el ministro que coloca putas con nómina en empresas públicas, hasta el poderosos secretario de organización del partido que está en el Gobierno, que interviene en la adjudicación a la propuesta peor y más cara, para llevarse la comisión de la mordida. Pero esto es posible porque hay una recua de ejecutivos, dirigentes y enchufados en las empresas públicas, que cierran los ojos, miran para otro lado o, incluso, arremeten contra el valiente que se escandaliza de la corrupción.
Es decir, que los corruptos, en España, tienen la facilidad de recibir la ayuda de un puñado de cobardes, que son cómplices necesarios de la corrupción, no ya por no poner impedimentos, sino por perseguir a cualquier valiente que se atreva a denunciar esta inmensa estafa. Todavía no hay “suicidios”, ni “atropellos”, ni “caídas por el hueco del ascensor”.
Estamos todavía con mafiosos de primer curso, pero como los dejemos correr, como nos comportemos con la misma indiferencia que este rebaño de directivos cobardes que amparan el delito, España puede convertirse en una inmensa Sicilia de los años 1930-1940, cuando alcanzó su máximo esplendor. No es una exageración: toda enfermedad que no recibe tratamiento se agrava. Y esta es una enfermedad social sumamente peligrosa.
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