Otra cruel subida del SMI

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anunciada esta semana no es sólo un error de política económica: es un atentado contra la capacidad de millones de personas para insertarse en el mercado laboral. El SMI no es una cuestión de dignidad o justicia social, como proclama el mantra progresista, sino una herramienta profundamente excluyente. En la práctica, un salario no es otra cosa que un precio: el precio del trabajo. Y cuando los precios se fijan por decreto, lejos de reflejar la escasez relativa de un factor productivo o su contribución real a la creación de valor, se convierten en distorsiones que obstaculizan los intercambios voluntarios y degradan los incentivos. Los salarios, como cualquier precio, cumplen una función señalizadora. Indican el valor del trabajo y forman parte del precio final del bien o servicio, en un momento concreto. El empresario el coste, fijado mediante acuerdo entre las partes. Si ese coste se eleva artificialmente por una alteración gubernamental del acuerdo, el empresario tendrá que contratar menos, recortar horas o automatizar más los procesos (si puede), e incluso podrá verse obligado a producir menos poniendo en riesgo el resto de los empleos de su plantilla. El SMI, que es un precio mínimo impuesto a la fuerza, perjudica sobre todo a las pymes y a los autónomos con empleados. Para una pequeña empresa que opera con márgenes ajustados, un incremento del coste laboral puede significar la diferencia entre contratar o no, entre expandirse o simplemente sobrevivir, entre consolidarse o cerrar. Cargar sobre ellas forzosamente un coste fijo superior es estrangularlas. Para la gran empresa el impacto es más manejable, y por eso los sindicatos fomentan esto: los sindicatos odian la pyme y prefieren las grandes corporaciones donde pueden medrar.

La ausencia de un salario mínimo no es sinónimo de explotación, sino de una saludable autorregulación del mercado.

Cualquier intento de fijar precios, incluidos los salarios, conduce inevitablemente a desequilibrios, distorsiones y paro. El mercado de trabajo es un proceso dinámico de descubrimiento en el que los precios no son mágicos: son señales para la coordinación de miles de decisiones individuales. Intervenir en ese proceso fijando precios destruye valor y elimina oportunidades. Es revelador que muchos países desarrollados, prósperos y con economías robustas prefieran no legislar un salario mínimo forzoso. Suecia, Dinamarca y Noruega (países presentados frecuentemente por la izquierda como ejemplos a imitar) no cuentan con un SMI general. El resultado no es precisamente un desempleo masivo, sino unos mercados de trabajo flexibles, productivos y con niveles de empleo comparables o superiores a los de los países con SMI elevado. La ausencia de un salario mínimo no es sinónimo de explotación, sino de una saludable autorregulación del mercado. En ese contexto el trabajador tiene mayor capacidad de negociación individual porque, al haber pleno empleo, la escasez de trabajadores le beneficia cuando se sienta a hablar de sus condiciones y salario. Pero los sindicatos salen perjudicados: el pleno empleo debilita su poder y su capacidad de movilización y de ser ellos quienes negocien.

La subida aprobada esta semana por el Gobierno Sánchez, condicionado por el chantaje permanente de la extrema izquierda con la que cogobierna, es muy lamentable. Afectará negativamente a la creación de empresas y a la contratación, encarecerá muchos bienes y servicios, destruirá empleo especialmente entre jóvenes, migrantes, parados de larga duración y trabajadores poco cualificados; reducirá los beneficios empresariales y por tanto habrá menos reinversión, por ejemplo en innovación. Y, en última instancia, generará más ciudadanos presos de la dependencia de prestaciones estatales. El SMI seguirá siendo una barrera a la inserción laboral de quienes más la necesitan. Jóvenes sin experiencia, migrantes recién llegados, mayores de cincuenta y personas que han estado largos periodos fuera del circuito productivo son algunos de los tipos de trabajador que no pueden competir si se impone arbitrariamente un precio de su hora de trabajo superior al valor que ellos logran generar. Por ello no encuentran empleo y se les condena a la economía sumergida o a hacer interminables y mediocres cursos estatales, mientras su empleabilidad efectiva se desploma.

España debe abolir el SMI o al menos establecer una moratoria larga que permita a las empresas planificar sabiendo cuál será su coste laboral. Además, es imprescindible contemplar exenciones temporales del SMI para colectivos vulnerables, de modo que puedan acumular experiencia laboral. En una economía de mercado abierta y flexible, los salarios se ajustan a la productividad. Cualquier política que imponga un salario mínimo por decreto es una regresión hacia la rigidez y la exclusión. Subir el SMI no sólo es un error técnico de política pública: es una injusticia económica que pagarán, en primer lugar, los peor formados y los más vulnerables. El Gobierno debería rectificar, pero no lo hará. A Sánchez no le importan los parados ni los trabjadores ni las pymes ni la economía: tan sólo le importa el poder.