Defender la Justicia es defender la democracia

En una democracia madura, las sentencias judiciales pueden discutirse, analizarse e incluso criticarse. Lo que no debería convertirse en una práctica habitual es desacreditar a los jueces cada vez que sus resoluciones contradicen los intereses políticos, ideológicos o personales de quienes las reciben. Sin embargo, esa peligrosa tendencia se está extendiendo en España con una intensidad cada vez más preocupante.

Resulta llamativo comprobar cómo numerosos responsables públicos proclaman su respeto a la independencia judicial mientras las resoluciones coinciden con sus intereses. Pero basta con que una sentencia les perjudique o afecte a personas de su entorno para que el discurso cambie radicalmente. Entonces aparecen las acusaciones de parcialidad, las insinuaciones sobre motivaciones ocultas y las campañas de desprestigio contra quienes únicamente cumplen con la función que les atribuye la Constitución: aplicar la ley.

Lo más preocupante es que buena parte de esas descalificaciones proceden de personas sin la más mínima formación jurídica. Políticos cuya experiencia en Derecho se limita, en muchos casos, a leer un argumentario elaborado por su partido se permiten enmendar públicamente resoluciones dictadas por magistrados que han dedicado décadas al estudio y aplicación del ordenamiento jurídico. La discrepancia política es legítima; pontificar sobre cuestiones jurídicas que se desconocen revela, además de una notable imprudencia, una preocupante falta de respeto hacia las instituciones.

Quienes dicen defender el Estado de derecho terminan cuestionando uno de sus pilares esenciales: la confianza en la imparcialidad de los tribunales

Esta actitud encierra una contradicción evidente. Quienes dicen defender el Estado de derecho terminan cuestionando uno de sus pilares esenciales: la confianza en la imparcialidad de los tribunales. Y lo hacen, además, sin aportar una sola prueba que respalde las graves acusaciones que formulan. La crítica jurídica razonada es perfectamente legítima; la descalificación sistemática de los jueces no lo es.

La consecuencia más grave de esta deriva no es el daño que pueda sufrir un magistrado concreto. Los jueces disponen de garantías institucionales para proteger su independencia. El verdadero perjudicado es el conjunto de la sociedad. Cuando los ciudadanos escuchan de manera reiterada que los tribunales actúan por intereses políticos, que las sentencias responden a conspiraciones o que los jueces forman parte de estrategias partidistas, la confianza en la Justicia se erosiona lentamente.

Y esa erosión resulta especialmente peligrosa porque la Justicia constituye el último refugio del ciudadano frente a los abusos del poder. Si se destruye la credibilidad de los tribunales, se debilita uno de los principales mecanismos de protección de las libertades y de los derechos fundamentales.

Por supuesto, los jueces pueden equivocarse. Precisamente por eso existen los recursos y las distintas instancias jurisdiccionales. Lo que no puede aceptarse es que cada resolución desfavorable sea presentada como una prueba de corrupción, persecución o manipulación política.

La deslegitimación permanente de los tribunales tampoco suele ser inocente. Con frecuencia persigue preparar a la opinión pública para rechazar determinadas resoluciones antes incluso de que se dicten. Si durante meses se repite que los jueces actúan movidos por intereses ideológicos, cualquier sentencia contraria podrá presentarse después como la confirmación de ese supuesto sesgo.

La fortaleza de una democracia también se mide por la capacidad de aceptar las decisiones de sus instituciones cuando no coinciden con nuestras preferencias. Respetar una sentencia no significa compartirla; significa reconocer que nadie, tampoco el poder político, está por encima de la ley.

España necesita un debate público más sereno y responsable. Defender la independencia judicial exige mucho más que invocarla en los discursos: exige respetarla cuando las resoluciones no favorecen los propios intereses. Porque el día en que los ciudadanos dejen de confiar en la Justicia, el problema ya no será de los jueces. Será de la propia democracia.