Hacia una España más federal

La pregunta decisiva no es cuántas administraciones tiene España, sino cuántas puertas debemos cerrar al poder para que el ciudadano pueda respirar. Un Estado único, aunque se proclame eficiente, concentra la capacidad de imponer una misma decisión equivocada a millones de personas. El federalismo parte de una intuición liberal más prudente: ningún gobierno merece disponer de todo el tablero. La tradición liberal desconfía de los monopolios. ¿Por qué deberíamos aceptar sin reservas el monopolio territorial de la legislación, la fiscalidad o la organización de los servicios públicos? Distribuir competencias entre gobiernos constitucionalmente protegidos crea contrapesos, permite comparar resultados y dificulta que una mayoría coyuntural imponga un modelo uniforme. La separación horizontal entre legislativo, ejecutivo y judicial es indispensable; la separación vertical entre distintos niveles de gobierno completa esa protección. España ya posee una descentralización considerable, pero su diseño conserva ambigüedades que alimentan la tensión centro-periferia, que debería resolverse a favor de ésta. El Título VIII de la Constitución enumera las competencias autonómicas, pero permite zonas de concurrencia y deja abierta una compleja evolución estatutaria. Un federalismo pleno debería reemplazar la incertidumbre por reglas claras: competencias federales tasadas, potestades subsidiarias de los estados federados Las actuales comunidades), un árbitro constitucional independiente y una cámara territorial auténtica, no un Senado que reproduce fundamentalmente la lógica del Congreso. No se necesita demostrar una identidad étnica diferenciada para gobernar los asuntos propios. La autonomía política se justifica porque las personas viven en comunidades diversas y porque es preferible que las decisiones se adopten cerca de quienes soportan sus consecuencias. El mismo principio obliga a fortalecer los municipios y a impedir que los gobiernos autonómicos sometan a sus localidades y comarcas mediante microcentralismos.

El argumento económico es especialmente poderoso. Cuando distintas jurisdicciones pueden ensayar políticas fiscales, educativas, sanitarias o regulatorias, los ciudadanos observan qué funciona y qué fracasa. Una comunidad que reduce trabas para emprender puede atraer actividad; otra puede experimentar con modelos distintos de prestación de servicios. Las buenas ideas se difunden sin esperar una orden de la capital. La competencia fiscal, lejos de ser una anomalía, limita la tentación de elevar impuestos sin justificar el gasto. Eso sí: para que sea honesta, cada gobierno debe financiar una parte sustancial de sus decisiones y asumir sus costes, sin rescates automáticos ni transferencias opacas. Se nos induce desde el nacionalismo centrípeto a confundir igualdad con uniformidad. El artículo 139 constitucional protege los mismos derechos y la libre circulación en toda España; no exige idénticos tipos impositivos, idénticas políticas públicas ni idénticos modelos de gestión. Lo esencial es garantizar un suelo común de libertades individuales, la prohibición de discriminación y un mercado interior abierto. Las diferencias legítimas son oportunidades de elección y aprendizaje, no agravios por definición.

La diversidad puede producir errores, naturalmente. Habrá gobiernos regionales intervencionistas, clientelares o ineficientes. Ésa no es una refutación del federalismo, sino una razón para exigir transparencia, controles judiciales, límites fiscales y libertad de residencia. Con un sistema centralizado, una mala decisión alcanza simultáneamente a todos. En una federación, sus efectos quedan acotados y otros territorios ofrecen ejemplos de soluciones alternativas.

La reforma necesaria debe eliminar duplicidades, simplificar organismos, blindar la autonomía financiera y establecer mecanismos de cooperación para los problemas compartidos. La defensa, la ciudadanía, las garantías constitucionales y las reglas básicas del mercado común pertenecen al nivel federal. Las competencias restantes deben presumirse próximas al ciudadano. La solidaridad puede articularse mediante transferencias transparentes, sin premiar el despilfarro ni castigar permanentemente la buena gestión. El federalismo no promete gobiernos virtuosos. Promete algo más realista: que ningún gobierno pueda decidirlo todo y que los ciudadanos dispongan de alternativas. Frente al impulso de concentrar competencias para resolver cada desacuerdo, propone distribuir poder para convivir con nuestras diferencias. En una España libre, la unidad debe proteger derechos, no exigir obediencia uniforme. La descentralización no es una concesión del centro: es una garantía de libertad. Es que, en definitiva, la libertad no consiste en que todos vivamos bajo las mismas decisiones, sino en que podamos tomar decisiones diferentes. Una España verdaderamente federal sería una España más plural, más responsable y, sobre todo, menos sometida a la voluntad de la casta estatista. Y la competencia entre territorios permitiría generar la necesaria excelencia.