Estrategia equivocada

Si bien la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que tendrá lugar en junio de este año, representa un salto cualitativo respecto a la antigua EBAU, -con un tipo de examen basado en lo competencial y no en lo memorístico-, persisten en el modelo fallas que se convierten en vidrios erizados bajo la alfombra de la igualdad.

Lo primero a tener en cuenta es que se rinde un mismo examen de cara a diecisiete modelos de bachillerato que responden a la realidad de cada comunidad autónoma, y por ejemplo, un estudiante que desde Galicia aspira a estudiar en la Complutense de Madrid, se enfrenta a unas diferencias curriculares sustanciales respecto a otro que se ha formado en la capital.

Es decir, que pruebas desiguales sean el instrumento de medición para optar por las mismas plazas universitarias en el sector público de todo el territorio nacional, representa, cuando menos, una cruel asimetría.

Otro asunto es la disparidad con que distintas universidades realizan sus cortes para la nota de ingreso. Para ilustrar mejor este caso pongamos el de la carrera de Medicina de la Universidad de Granada, que exige un índice académico de 13, 210/14, cuando la Rovira i Virgili exigiría para esa misma carrera 12, 436/14.

Cuestiones externas como el origen social, tipo de centro y comunidad autónoma, tienen un peso decisivo

Esto claramente mueve a un exilio forzoso que obliga a los estudiantes a desplazarse fuera de su comunidad de origen para encontrar una plaza allí donde su nota pueda resultar competitiva.

Si bien con el nuevo modelo que ha de entrar en vigor con las vísperas del verano, las penalizaciones ortográficas -antes tan dispares en toda la geografía nacional- se han estandarizado al 10% de la nota general; el núcleo dramático de la situación sigue estando en la procedencia socioeconómica de los estudiantes.

Los centros privados y concertados, a diferencia de los públicos, suelen presentarse a los exámenes de acceso con una ventaja significativa en puntuaciones de 9 a 10, que oscila entre el 21,8 y el 24,4%, respecto a los últimos, cuyo índice en este segmento es solo del 16,3%.

Este plus de patrimonio evaluativo, -valorado en un 60% del total-, con que se enfrenta un alumno procedente de entornos privilegiados representa un preposicionamiento favorecedor que muchas veces marca la diferencia: la explicación es aplastantemente simple; en los centros privados y concertados las evaluaciones son más flexibles y la repetición de exámenes no es un secreto.

Cuestiones externas como el origen social, tipo de centro y comunidad autónoma, tienen un peso decisivo. La narrativa de “si te esfuerzas lo conseguirás”, oculta la circunstancia de que se juega en un campo estratégicamente desnivelado donde la falla de origen apenas es percibida.

La meritocracia se convierte así en una “ilusión” que supuestamente gira sobre el eje de las capacidades individuales divergentes, cuando en realidad es solo el producto de un sistema de selección sesgado que incide directamente sobre destinos personales y familiares, reconfigurando agendas de gastos, pero sobre todo sembrando en los más jóvenes dudas trascendentales sobre el sentido del esfuerzo.