“Exigimos la cuestión de confianza”

Fue una demanda de Pedro Sánchez a Rajoy en 2018. Por lo tanto, el actual presidente del Gobierno de España está obligado moralmente a promover y someterse a una cuestión de confianza. Según su propia tesis, es inevitable si no convoca elecciones. Y sólo él tiene la potestad de decidirlo.

La cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente cuando se ve abandonado por sus socios parlamentarios, cuando no tiene posibilidad de aprobar los presupuestos del Estado, y más grave, cuando ni siquiera los presenta cada año incumpliendo el mandato constitucional; cuando no puede gobernar o tiene que hacerlo con trampas a las Cortes Generales del Estado. En esta situación, el sistema constitucional español pone en sus manos un mecanismo para forzar el apoyo de sus socios o para que declaren abiertamente su desconfianza.

Lo peor de este pulso al Congreso son sus consecuencias, ya que, en caso de negarle la confianza, el presidente del Gobierno está obligado a presentar su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación del nuevo jefe del Ejecutivo. De ahí el peligro y el miedo a utilizar este recurso constitucional.

Por eso, sólo en dos ocasiones se hizo uso de la cuestión de confianza y, en ambas, por circunstancias que no parecen corresponder a la necesidad de reagrupar las fuerzas de la mayoría en un momento de crisis. La primera fue planteada por el presidente Suárez en 1980; la segunda fue promovida por Felipe González el 5 de abril de 1990. No hubo más.

Resulta que está comprometido por su propia doctrina y por sus propias palabras

¿Por qué se afirma aquí que Pedro Sánchez está obligado, si resulta que es una potestad exclusiva suya, que puede ejercerla o no? Resulta que está comprometido por su propia doctrina y por sus propias palabras. Él exigió de forma contundente a otro presidente, Rajoy, que se sometiera a una cuestión de confianza por no aprobar los presupuestos generales del Estado.

Fue en marzo de 2018, antes de la moción de censura: “Yo quiero anunciar que la conclusión y el acuerdo al que ha llegado la comisión ejecutiva federal fue que, si el señor presidente no aprueba los Presupuestos Generales del Estado y si, como consecuencia de ello, no convoca las elecciones, le exigiremos en ese momento que, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza.”

Aquí se encuentran las dos razones por las que Pedro Sánchez queda obligado a plantear una cuestión de confianza. La primera que él mismo pone sobre la mesa es “por obligación con la ciudadanía” española al comprometerse a gobernar con un programa determinado y buscando unos objetivos concretos que sólo pueden marcarse en los presupuestos del Estado. Además, su Gobierno incumplió todas las promesas que había hecho a los ciudadanos: poner a Puigdemont ante la justicia; no conceder indultos a los juzgados por el 1-O; no conceder amnistía a los condenados por esa causa; no pactar con Bildu; que los asesinos de ETA cumplirían las penas íntegras, y un largo etcétera.

La segunda razón es “por responsabilidad constitucional”, porque está obligado a presentar unos presupuestos y procurar su aprobación. Reconoce que debe hacerse por “responsabilidad constitucional”. Por lo tanto, si él mismo no los presenta ni los aprueba, es irresponsable, no respeta la Constitución. Y si tenía ese compromiso con la ciudadanía había adquirido una obligación que no ha sido capaz de cumplir.

Por si todo lo argumentado hasta este punto no fuera suficiente, se puede añadir más. En su doctrina política, el propio Pedro Sánchez insiste en el hecho de que “vivimos en una democracia parlamentaria donde un Gobierno tiene que aprobar su principal ley, que son los Presupuestos Generales del Estado. Si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente del Gobierno, para con los ciudadanos, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza”.

Nada más que añadir, son sus propias palabras, sus propias ideas, las que le obligan.

Rotos y descosidos | Los nuevos molinos de viento

Ni el exitoso viaje del papa a España, ni la impresionante respuesta de los fieles españoles, ni la asistencia del presidente del Gobierno y gran parte de su equipo a los actos religiosos, ni la intervención del sumo pontífice en las Cortes Generales, han conseguido apagar o amortiguar los problemas del presidente Sánchez. Rodeado por todas partes con problemas judiciales que le afectan directamente a él, a su partido y a su Gobierno, ha encontrado sus propios molinos de viento que confunde con gigantes: las grandes multinacionales, los grandes poderes del mundo que se han confabulado y conspiran contra él porque les ha plantado cara y rompe sus planes para someter a todo el mundo.

Se presenta como un líder que padece las embestidas de las élites en España, de gobiernos muy poderosos y de “tecnoligarcas” que esparcen basura. Se muestra convencido de que, para todos ellos, su liderazgo, su gestión y sus propuestas resultan muy molestas. Por si eso no fuera suficiente, todos esos grandes poderes tienen sus terminales en el Partido Popular y en Vox. Todas las causas judiciales que le afectan no están provocadas por posibles delitos de los acusados, ni por corrupciones de su partido, ni de sus ministros, sino por esas fuerzas mundiales que quieren quietarle a él del Gobierno por ser un líder molesto, un dirigente mundial que se enfrente a los desmanes. Para él, si esto no fuera así, no habría Abalos, ni Koldo, ni Santos Cerdán, ni Leire Diez, ni fiscal general inhabilitado. Si el fuera conformista con los grandes poderes que quieren dominar el mundo, no habría acusaciones, juicios ni condenas. Todos a su alrededor serían honrados.

“Mire vuestra merced -respondió Sancho- que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.”