Extranjeros, sí; delincuentes, no

El pasado viernes, el tema del día en el programa “En portada”, de Telemiño, fue el incremento de la población extranjera en Ourense y el debate social que acompaña al fenómeno migratorio. Ese mismo día, La Región publicaba dos informaciones que ayudan a entender perfectamente la realidad que vive hoy nuestra provincia.

La primera dejaba un dato demoledor: Ourense ha alcanzado los 306.642 habitantes, la mejor cifra de población desde el año 2020. ¿La clave? La llegada de población extranjera. En el último año, más de 4.000 nuevos vecinos nacidos fuera de España compensaron la pérdida de cerca de 2.500 autóctonos, entre fallecidos y personas que abandonaron la provincia. Solo en los primeros noventa días de 2026, la población foránea aumentó en 926 personas. Hoy, el 17,3% de la población provincial y el 19,35% de la ciudad de Ourense ha nacido en el extranjero.

La segunda noticia añadía otro dato igual de relevante: dos de cada tres nuevos empleos creados en la provincia durante la última década fueron ocupados por inmigrantes. De los 9.875 nuevos afiliados a la Seguridad Social, 6.524 son extranjeros. Sectores enteros como la construcción, la hostelería o el servicio doméstico dependen ya, en buena medida, de trabajadores llegados de otros países.

Quien pretenda negar que la inmigración está sosteniendo demográfica y laboralmente a Ourense simplemente vive de espaldas a los datos. Esta provincia lleva años perdiendo población autóctona, envejeciendo y viendo cómo miles de jóvenes marchan fuera buscando oportunidades. Mientras tanto, son muchos los extranjeros que llegan aquí para trabajar, emprender, cotizar y construir una vida digna. Y eso merece respeto.

Porque los gallegos sabemos perfectamente lo que significa emigrar. Lo hicieron nuestros abuelos y nuestros padres. Hay ourensanos repartidos por medio mundo. Y todos esperaban ser tratados con dignidad, valorados por su esfuerzo y no señalados injustamente por el comportamiento aislado de unos pocos.

Eso mismo debemos hacer nosotros. Facilitar trámites, agilizar permisos y ayudar a quien viene a aportar no es una concesión ideológica, sino una necesidad social y económica. Ourense necesita población, necesita trabajadores y necesita actividad. La inmigración ordenada y vinculada al empleo puede ser una oportunidad para frenar el declive demográfico que arrastra la provincia desde hace décadas.

Porque junto a miles de personas honradas que vienen a trabajar también existen individuos que utilizan esa misma vía para delinquir, alterar la convivencia o aprovecharse de un sistema excesivamente lento y garantista. Y ahí el mensaje debe ser igual de claro: tolerancia cero.

Precisamente por respeto a la inmensa mayoría de inmigrantes que cumplen las normas, trabajan y contribuyen al progreso colectivo, hay que ser especialmente contundentes con quienes reinciden en conductas delictivas o generan inseguridad. El peor favor que puede hacerse a un inmigrante honrado es meterlo en el mismo saco que un delincuente.

Por eso resulta razonable abrir un debate serio sobre la necesidad de valorar no solo antecedentes penales, sino también determinados antecedentes policiales relevantes a la hora de acceder a procesos extraordinarios de regularización o a ciertas oportunidades administrativas. No se trata de criminalizar preventivamente a nadie, sino de evitar que el sistema termine premiando reiteradamente comportamientos incompatibles con la convivencia..

Ourense siempre ha sido una tierra abierta, trabajadora y acogedora. Pero también una tierra que exige respeto, convivencia y cumplimiento de las normas. Y esas tres cosas deben seguir siendo innegociables.

Porque quien viene a trabajar y respetar las normas debe tener oportunidades. Quien viene a delinquir o a generar inseguridad debe encontrarse con una respuesta firme y contundente del Estado.

Ni discursos de odio ni buenismo irresponsable.