El FMI y Bruselas aprietan a España

La economía española vive una paradoja cada vez más evidente. Mientras el Gobierno exhibe un crecimiento superior al de la mayoría de las grandes economías europeas y presume de resistencia frente a las turbulencias internacionales, las grandes instituciones económicas empiezan a lanzar mensajes un tanto incómodos sobre el futuro inmediato del país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la AIReF coinciden ahora en una misma idea de fondo: España ha agotado gran parte del margen excepcional que utilizó durante los últimos años para proteger a familias y empresas frente a crisis sucesivas, y debe prepararse para una etapa marcada por más disciplina fiscal, menos ayudas generalizadas y reformas estructurales difíciles de aplazar.

El mensaje del FMI resulta especialmente significativo porque llega justo cuando la economía continúa creciendo por encima de la media europea. El organismo reconoce la fortaleza de la demanda interna, la resistencia del empleo y la capacidad de España para soportar el impacto de la guerra en Oriente Próximo mejor que otros socios comunitarios. Incluso prevé que el paro cierre este año por debajo del 10%, una cifra históricamente baja para el país. Pero el FMI rehúye cualquier tentación de complacencia. Su diagnóstico es claro: el crecimiento actual no basta para ocultar problemas estructurales que amenazan las cuentas públicas en el medio plazo.

¿Qué reclaman desde Washington? Sugieren la retirada progresiva de las ayudas universales a los combustibles y proponen abandonar políticas que, a su juicio, distorsionan los precios energéticos y consumen recursos públicos de forma poco eficiente. El FMI acepta únicamente medidas “temporales, selectivas y focalizadas” en los sectores más vulnerables si la situación internacional empeora.

El problema para el Ejecutivo español es que esta recomendación llega en un momento políticamente delicado. Con el petróleo en el entorno de los 100 dólares por barril, debido a la prolongada tensión en el estrecho de Ormuz, retirar ayudas energéticas implica asumir un riesgo evidente de desgaste social y político. Sin embargo, Bruselas, Frankfurt y Washington parecen decididos a evitar cualquier regreso a las grandes políticas expansivas que marcaron la pandemia y la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.

El mensaje lanzado desde el Eurogrupo en Chipre fue especialmente contundente. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, insistió en que los Estados miembros deben preservar “la solidez de las finanzas públicas” y recordó que Europa ya no dispone del mismo margen presupuestario que hace tres o cuatro años.

Detrás de esa posición existe un temor central: que los gobiernos alimenten nuevamente la inflación mediante ayudas masivas y gasto indiscriminado, justo cuando el BCE intenta estabilizar los precios tras años de enorme tensión monetaria.

Christine Lagarde reforzó esa línea con una advertencia muy clara. La presidenta del BCE sostuvo que cualquier desviación respecto a los principios de temporalidad, selectividad y proporcionalidad en las ayudas sería “dañina”. La expresión no fue casual. Frankfurt teme que los Estados entren otra vez en una dinámica de subsidios generalizados que termine chocando con la política monetaria restrictiva de su banco central.

@J_L_Gomez