El fracaso de las zonas tensionadas en vivienda: ¿y ahora qué?

El fracaso de las zonas tensionadas en vivienda es evidente en todos los municipios y ciudades donde se está aplicando en España, y me pregunto: ¿de qué sirve pagar un alquiler supuestamente contenido si conseguir una vivienda se vuelve imposible? La clave está en la oferta y en la seguridad jurídica, y así lo he manifestado en reiteradas ocasiones en los últimos años. En cuántas viviendas llegan al mercado, en cuántos contratos de arrendamiento se firman, en cuántas viviendas permanecen en alquiler residencial y en cuántos jóvenes o familias pueden acceder a ellas. Y aquí es donde las zonas tensionadas quedan a los pies de los caballos y evidencian su total fracaso ante la falta de soluciones reales y la nula capacidad de gestión en materia de vivienda como en los ayuntamientos de A Coruña y Santiago. Para aumentar aún más la magnitud del problema, ahora aparece un BNG que plantea más zonas tensionadas, más intervención, más control y más demonización de los propietarios de una vivienda vacía. Hay algo profundamente revelador en la política de vivienda de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón: cuando una política intervencionista amparada en una fallida Ley Estatal de Vivienda ofrece resultados nocivos para toda Galicia, la respuesta del BNG no parece ser revisar la receta, sino aplicarla a más sitios. Ahora propone extender las zonas de mercado residencial tensionado a más de cien municipios gallegos. ¿Es una apuesta política legítima? Lo es, al igual que es también evidente su falta de soluciones reales y coherentes ante la primera preocupación de los gallegos y gallegas.

Pero vayamos con un ejemplo práctico y cercano, con A Coruña. La ciudad fue declarada zona de mercado residencial tensionado en 2025. Y un año después, los nuevos contratos de alquiler pasaron de 730 en julio de 2025 a 349 en julio de 2026. Una caída del 52,2 %. Y hay otra señal significativa: los datos de mercado apuntan a una caída del 36 % de la oferta de alquiler permanente en A Coruña durante el segundo trimestre de 2026, mientras el alquiler de temporada aumentaba un 105 %. Y aquí aparece la contradicción esencial: se pretende proteger al inquilino reduciendo el precio, pero se le perjudica reduciendo las viviendas disponibles. La inseguridad jurídica no aparece en una estadística como una cifra aislada que permita atribuirle automáticamente cada vivienda retirada del mercado, pero sí constituye un factor que debe incorporarse al análisis.

¿Es una apuesta política legítima? Lo es, al igual que es también evidente su falta de soluciones reales y coherentes ante la primera preocupación de los gallegos y gallegas.

El BNG puede defender legítimamente su modelo de mayor intervención pública, pero una política de vivienda no debería medirse por la cantidad de controles y prohibiciones que introduce, sino por algo mucho más sencillo: cuántas consigue poner a disposición de quienes las necesitan. Y si en las ciudades de Ourense, Lugo, Pontevedra,Vigo o Ferrol ha disminuido también la oferta de vivienda en arrendamiento es porque desde mayo del 2023, con la entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda, se ha evaporado la seguridad jurídica en el mercado de alquiler, lo que ha derivado a que los propietarios la deriven principalmente hacia la vacacional, alquiler por habitaciones, alquiler de temporada, circuito de compraventa o directamente la dejen vacía, así de clarito.

Galicia necesita más suelo, más construcción, más rehabilitación, más vivienda pública y seguridad jurídica, más movilización de vivienda vacía. Y, sobre todo, un marco jurídico estable. Y eso es, precisamente, lo que está ejecutando el Gobierno de Galicia, presidido por Alfonso Rueda. Galicia, hoy, es el modelo a seguir en política de vivienda para el resto de comunidades y del próximo Gobierno de España, sin duda alguna.