El fuego cuestión de Estado

La pertenencia a una demarcación geográfica que concierne a la órbita de países mediterráneos, tiene un montón de ventajas pero también algunos inconvenientes que en casos extremos se convierten en una amenaza que requiere tratamientos de Estado. Las abundantes majaderías con las que todo un ministro como el de Transportes suele nutrir sus textos en las redes sociales adquieren en este caso dimensiones intolerables cuando ha elegido mofarse de las necesidades de las provincias de Madrid, Toledo y Ávila devoradas por el fuego con casi doscientos mil desplazados y casi ochenta mil hectáreas de terreno calcinado que corresponden al mayor incendio forestal declarado hasta la fecha en España. El ministro Puente no es solo un perfecto inútil en el desempeño de sus funciones –recuérdese que su responsabilidad en la tragedia de Adamuz no han sido todavía concretadas- sino un bocachancla extemporáneo al que le pierde tanto su permanente irrupción en terrenos que no le corresponden usando su cuenta y metiendo en cada aparición la pata, como la parálisis permanente de su departamento cuando la situación requiere una dedicación máxima. La ironía hiriente e innecesaria con la que ha saludado la angustia de gobiernos regionales rivales ante el avance del fuego debería bastar para cesarlo de inmediato, pero si a eso añadimos el desastre del tráfico ferroviario, las cosas como son, parece lícito preguntarse qué hace aquí y no lo mandan a casa.

El problema, con independencia del zafio comportamiento de Óscar Puente, su desgraciada gestión y su actitud personal lamentable, es desde luego la ligereza con la que éste y otros Gobiernos anteriores han tratado el problema de los incendios forestales que en verano cercan y destrozan la Europa cálida. Nunca se le ha otorgado a este diabólico fenómeno la trascendencia necesaria a pesar de que un gran número de expertos insisten en el argumento de que esta batalla va a formar parte de su nuestro futuro inmediato y es necesario afrontarla con decisión, medios y voluntades de Estado. No es un problema de cada comunidad sino una amenaza que nos afecta a todos y para la que se necesitan unos medios coordinados y gestionados a escala gubernamental. Esa es la necesidad. Y la responsabilidad.