¿Gatopardo (económico) en Cuba?

Existe una frase inmortal de la literatura política que parece perseguir a Cuba desde hace décadas: cambiar algo para que nada cambie. La expresión procede de la novela El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y suele utilizarse para describir reformas que aparentan transformar un sistema sin alterar sus fundamentos esenciales. La pregunta que hoy se hacen muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, es si el amplio paquete de reformas anunciado por Miguel Díaz-Canel constituye un verdadero punto de inflexión o si se trata de un nuevo episodio de ese largo ciclo de ajustes parciales que caracteriza la historia económica de la Revolución.

Sobre el papel, las medidas son las más ambiciosas planteadas por el Gobierno cubano desde la denominada actualización del modelo económico, impulsada durante la etapa de Raúl Castro. Se propone reforzar la autonomía municipal, flexibilizar la gestión empresarial, ampliar el margen de actuación de las mipymes, facilitar la inversión extranjera, simplificar la burocracia, modernizar el sector agropecuario, digitalizar la economía y reducir el tamaño de parte del aparato administrativo del Estado.

Vista desde fuera, la agenda reformista parece incluso razonable. Pocos economistas discutirían la necesidad de aumentar la producción de alimentos, descentralizar decisiones, reducir trámites, estimular exportaciones o permitir que las empresas dispongan de incentivos para generar riqueza. El problema no reside tanto en el contenido de las propuestas como en el contexto en el que aparecen.

La gran incógnita no es qué quiere reformar el Gobierno cubano, sino si dispone de tiempo, recursos y credibilidad para hacerlo

Las reformas llegan después de años de deterioro económico continuado. Cuba afronta simultáneamente una grave crisis energética, una escasez crónica de productos básicos, una inflación persistente, una fuerte pérdida de poder adquisitivo, una caída del turismo respecto a las expectativas oficiales y una emigración masiva de jóvenes y profesionales cualificados. A ello se añade un acceso extremadamente limitado a financiación internacional y una falta de divisas que condiciona cualquier estrategia de recuperación.

El régimen insiste en que gran parte de estas dificultades son consecuencia de las sanciones estadounidenses. Resulta difícil negar que el embargo –o bloqueo, según la terminología habanera– constituye un factor determinante. Las restricciones financieras, comerciales y bancarias dificultan la actividad del país y elevan los costes de cualquier operación internacional. Pero hay más.

Atribuir la crisis exclusivamente a Washington no permite comprender toda la realidad. Numerosos economistas, incluidos algunos próximos al propio régimen, llevan años señalando problemas estructurales internos: exceso de centralización, lentitud administrativa, marcos regulatorios contradictorios, inseguridad jurídica para determinados inversores, insuficientes incentivos productivos y una resistencia histórica a acometer reformas profundas cuando todavía existía margen para hacerlo de forma gradual.

Es ahí donde aparece una de las principales críticas que suscita el nuevo programa. Muchos cubanos no cuestionan la dirección de algunas medidas, sino el momento elegido para aplicarlas. La sensación extendida es que buena parte de estas reformas pudieron haberse impulsado hace diez o quince años, cuando la situación era menos dramática y existían más recursos para gestionar la transición.