El Gobierno se rearma

Mucho antes de que el presidente del Gobierno se atreva a someterse en el Congreso de los Diputados al abierto y duro rechazo de sus socios al incremento del gasto en Defensa para cumplir sus compromisos personales con la UE, él ya ha comenzado el rearme en los medios de comunicación, públicos y privados, para incrementar la propaganda a su favor.

Tal acopio de armamento propagandístico comenzó con el Real Decreto para mantener el poder en RTVE. Para ello necesitó de la participación de casi todos los socios de investidura, lo que le obligó a destinar unas dotaciones presupuestarias nada desdeñables. Nombraron a 15 miembros del Consejo de Administración del Ente público, con dedicación exclusiva y sueldos tentadores. Un número desproporcionado, nunca antes alcanzado, y sin justificación en las tareas que deben desempeñar. De esta forma, multiplican por mucho las dotaciones de los anteriores equipos directivos y consejeros. Un derroche de dinero público para beneficio particular del presidente Sánchez.

Sumas enormes de millones, de dinero público y garantizado desde el Gobierno, para competir con las televisiones comerciales que arriesgan con sus ingresos privados.

La segunda fase del rearme se está desarrollando con la contratación de la denominadas “estrellas” de la tele para programas de entretenimiento y espectáculo que en nada justifican la función pública de una televisión del Estado. Sumas enormes de millones, de dinero público y garantizado desde el Gobierno, para competir con las televisiones comerciales que arriesgan con sus ingresos privados.

La fase siguiente es más agresiva porque tiene como objetivo hacerse con una televisión privada que defienda los planteamientos políticos del PSOE, grupo mayoritario en el Gobierno de coalición.

Esta guerra la está planteando el presidente del Gobierno en dos frentes. En el primero, pretende adjudicar un nuevo canal de TV a una determinada empresa antes de que se planteen las condiciones del concurso público. Eso supone una predisposición a la ilegalidad, a la trampa y la prevaricación. El concurso público tiene por finalidad que cualquier empresa pueda participar y tener opciones de ganar. Pero si antes del proceso el Gobierno ya ha decidido la empresa que va a ser adjudicataria estamos ante un claro delito.

En el segundo, lucha por conseguir el poder en una empresa privada como PRISA, para que prepare las inversiones necesarias que le permitan recibir la adjudicación del nuevo canal de TV. Es decir, quiere adjudicar un canal de TV a una empresa que no tiene intención de concurrir a esa operación; por lo tanto, debe conseguir el poder en PRISA para obligarla a presentarse al concurso y recibir la adjudicación de forma fraudulenta.

Los propios ministros socialistas del Gobierno desenvuelven operaciones de comando con la finalidad de presionar a capitalistas franceses de Vivendi para que se avengan a respaldar los planes de Sánchez, por medio de sus testaferros, para hacerse con PRISA y montar un nuevo canal de tv en una España ya saturada de ofertas televisivas.

De hecho, algunos directivos de este grupo ya estaban preparando al personal y equipos para poner a funcionar el nuevo canal, cuyo concurso -conviene insistir- todavía no se ha convocado. Sin embargo, el grupo mayoritario del consejo de administración desbarató los planes, despidió a los responsables y negó la posibilidad de nuevas inversiones de PRISA en televisión, debido a su precaria situación económica. Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió promover operaciones tácticas para desbancar a los que se niegan a montar el nuevo canal que les quiere adjudicar. Para ello, los propios ministros socialistas del Gobierno desenvuelven operaciones de comando con la finalidad de presionar a capitalistas franceses de Vivendi para que se avengan a respaldar los planes de Sánchez, por medio de sus testaferros, para hacerse con PRISA y montar un nuevo canal de tv en una España ya saturada de ofertas televisivas.

Y todo para lograr un rearme propagandístico irracional.