La judicatura en tela de juicio

Lo que faltaba. El Gobierno, desde hace tiempo, cuando la Administración de Justicia cuestione sus propuestas, al momento, sus gerifaltes (para entendernos, persona que ocupa un cargo importante o de autoridad) inician una campaña contra los jueces o los tribunales y salpican por doquier la censura en el sentido de que no comparten sus autos. Y por supuesto, ese acuerdo pactado entre el PSOE y Junts, que viene a ser la “creación de comisiones de investigación parlamentarias para determinar los casos en los que se ha podido instrumentalizar la Justicia para hacer una persecución política”, es “lawfare”.

El caso es que, como suele decirse, hoy en día la Justicia está “en tela de juicio”, o lo que es lo mismo, “dudar de algo o alguien, o someter un asunto a examen y debate porque su credibilidad o validez no es segura y la honorabilidad o la certeza de un hecho están en entredicho”. Pues precisamente, así está actualmente la judicatura, en donde siempre sale a colación un juez que se le ocurre meterse con alguien del Gobierno o sencillamente cuestionar decisiones del Ejecutivo.

El Supremo ve en la “ley de nietos” un “peligro fundado, real y serio de afectar a la objetividad de las elecciones”

Basta recordar que en la última del apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Isabel Perelló Doménech, recordó que “cada vez que se ataca a un juez, se ataca al Estado de derecho” y avisó que “los ataques del Gobierno a los jueces son una presión de extraordinaria gravedad” y pidió respeto institucional para la judicatura. Y la presidenta del CGPJ dedicó otra parte del discurso “a denunciar lo que en estos tiempos se conoce como ‘lawfare” de lo que hablábamos antes, y que implica la persecución judicial de jueces “como adversarios políticos” antes que magistrados. Para Perelló, estas acusaciones significan que “desconocen la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados”.

Y este desconocimiento en estos momentos está a flor de piel con la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha notificado los autos por los que suspendió el derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática. De esta manera, el Supremo ve en la “ley de nietos” un “peligro fundado, real y serio de afectar a la objetividad de las elecciones”. Y esa circunstancia provocaría “un daño irreversible a la rectitud y corrección del proceso electoral”, añadiendo, según el Supremo, que se teme que “otorgar el derecho al voto a los nuevos nacionalizados afecte al resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral”.

Así pues, está instalada un nueva batalla judicial entre el PSOE y el PP, que de momento está ganada por los populares a expensas de la Justicia, que tiene en “stand by” esta ley.