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En otras ocasiones los jueces han puesto entre paréntesis las investigaciones que afectaban a los partidos políticos cuando se entraba en un periodo electoral para no perjudicar sus expectativas. En ese marco podría entrar la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que estudia una posible financiación ilegal del partido de aplazar la imputación del PSOE por este hecho, porque sería extraño imputarlo en medio de las elecciones.
Pero otros jueces no han actuado de la misma forma y han acelerado diligencias que podrían esperar, como las ordenadas por el también juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo, avaladas por la Fiscalía Anticorrupción, que ha ordenado a la UCO nuevas investigaciones y detenciones en una pieza separada del caso Koldo, que están declaradas secretas, relacionadas con el presunto amaño de contrataciones públicas con la secuela de delitos que pende de esa acusación.
La aceleración de esta investigación se superpone a las noticias sobre cómo el pago de la defensa de Koldo García se realizó a través del digital OKdiario y no del PSOE, como se presumía en el caso Leire Díaz, -también investigado por el juez Pedraz- y al que habrían ofrecido un millón de euros por informaciones contra Sánchez y su entorno familiar, en la que también habría intervenido el abogado del PP Alberto Durán. Cuando Koldo, en su última palabra durante el juicio por el “caso mascarillas”, intentó explicarlo, el presidente de la sala del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, le retiró el uso de la palabra por no ser una cuestión del juicio. Pero sí lo era para el acusado, al que habían prometido una rebaja sustancial de penas, como a Víctor de Aldama, por sus informaciones, aunque fueran falsas. Ocurrió que lo que contó no tenía la enjundia prevista para acabar con el Gobierno de Sánchez y el contrato quedó en suspenso.
Por menos de las noticias conocidas, y con esos recortes periodísticos, las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Hazteoir.org ya habrían ido a un juzgado. Un juez predeterminado por la ley habría admitido a trámite la querella y habría ordenado a la UCO que se presentara en las dependencias del medio digital y en el despacho del abogado del PP para requisar toda la información que pudieran servir para confirmar las declaraciones. Si se da por hecho la existencia de unas “cloacas” socialistas, sería interesante despejar todas las dudas sobre la existencia de “fontaneros” a las órdenes de Génova y si hay un nuevo capítulo de “guerra sucia”.
Pero hay una diferencia entre las pesquisas del juez y las informaciones sobre la defensa de Koldo: las segundas se deben a una investigación periodística y las primeras son ordenadas por un juez. Activar a la UCO para que Adif le facilite información sobre contrataciones que puedan tener que ver con la investigación del accidente de Urda, dada la trascendencia de la tragedia, es indispensable, pero el resto de diligencias podía esperar e incluso puede que lleguen tarde.
Ítem más, uno de los investigados es Cristian Corvillo, al que se señala como “exchófer” de Pedro Sánchez en 2017, cuando su verdadera implicación en este caso es por su relación con Víctor de Aldama y su presunta relación en el caso Hidrocarburos por defraudación de millones de euros, cuya investigación avanza muy lentamente.
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