El milagro de dimitir

En España, la dimisión no es un acto de responsabilidad: es un milagro estadístico. Aquí no se cae por mentir, no se cae por permitir desmanes bajo tu mandato, no se cae por convertir la Administración en una agencia de colocación. Aquí se aguanta. Se resiste. Se ataca al mensajero. Y se espera a que el ruido cambie de objetivo.

Durante décadas hemos asistido a una sucesión de escándalos que en cualquier democracia exigente habrían provocado un terremoto político inmediato. Y, sin embargo, lo que hemos visto es otra cosa: resistencia numantina, victimismo estratégico y la vieja táctica del “y tú más”.

Ahí está el monumental saqueo de los ERE en Andalucía, bajo gobiernos del Partido Socialista Obrero Español que durante años manejaron cientos de millones de euros públicos en ayudas supuestamente sociales convertidas en red clientelar. No fue un error puntual. Fue un sistema. Y aun así, la cultura de la dimisión brilló por su ausencia durante demasiado tiempo.

O el caso Filesa, un escándalo de financiación ilegal que ya en los años 90 mostró cómo se podían montar estructuras paralelas para nutrir las arcas del partido. Tampoco ahí hubo una asunción ejemplar de responsabilidades políticas al nivel que cabría esperar.

Más reciente es el llamado Caso Mediador, con un diputado socialista implicado en una trama de favores, comisiones y fiestas pagadas presuntamente con dinero vinculado a gestiones públicas. La reacción fue la mínima imprescindible para contener el daño, nunca una reflexión profunda sobre los filtros internos que fallaron.

La responsabilidad política no debería depender exclusivamente de una sentencia firme

Y qué decir del Caso Tito Berni, símbolo de una degradación ética que parecía impropia de quien presume de superioridad moral frente al adversario. El problema no es solo la conducta individual, sino el ecosistema que la tolera hasta que estalla.

La lista podría ampliarse con nombramientos polémicos, indultos controvertidos, cesiones políticas justificadas como necesidad histórica o cambios de criterio radicales sin asumir el coste de haber prometido lo contrario. Porque la falta de dimisiones no afecta solo a la corrupción clásica. También afecta a la mentira política. A la promesa traicionada. Al giro de 180 grados sin explicaciones convincentes.

Lo más grave no es que existan escándalos -eso ocurre en cualquier país-, sino que la dimisión se haya convertido en la excepción exótica. En España, el cálculo es frío: el coste electoral de irse suele ser mayor que el de quedarse. Y mientras el electorado vote por bloques, pase lo que pase, el mensaje interno es claro: resistir funciona.

Esta lógica es demoledora. Erosiona la confianza institucional, convierte el Parlamento en un ring de acusaciones cruzadas y alimenta la sensación de impunidad. Si nadie asume errores graves, si nadie paga un precio político por la incompetencia o la falta de control, la conclusión ciudadana es devastadora: aquí no dimite nadie porque nadie se siente verdaderamente responsable.

La responsabilidad política no debería depender exclusivamente de una sentencia firme. La justicia penal tiene sus tiempos y sus garantías. La política debería tener algo más exigente: ejemplaridad. Un dirigente que permite que bajo su mandato se consolide una red clientelar, que no vigila, que no detecta abusos flagrantes o que miente públicamente, debería plantearse si puede seguir al frente con autoridad moral.

Pero eso exigiría una cultura distinta. Una en la que el cargo no se conciba como patrimonio personal. Una en la que dimitir no sea visto como debilidad, sino como respeto a los ciudadanos. Una en la que el listón ético no dependa de si el escándalo afecta a “los míos” o a “los otros”.

Mientras esa cultura no llegue, la escena se repetirá: estalla el escándalo, se niega, se contraataca, se dilata. Y la dimisión, esa palabra que dignifica la política, seguirá siendo la que nunca llega.