¿Cuántos muertos y cuántos escándalos hacen falta?

Qué tiene que suceder en España para que un dirigente socialista asuma responsabilidades políticas? ¿Cuántas tragedias, cuántos fracasos y cuántos escándalos son necesarios para que un alcalde, un director general, un secretario de Estado, un ministro o el propio presidente del Gobierno comprendan que ejercer el poder implica responder por sus decisiones y asumir las consecuencias de sus errores? En España parece haberse instalado una doctrina difícil de justificar: las responsabilidades se exigen con contundencia al adversario, pero se vuelven negociables cuando afectan al PSOE. Para el PP, dimisiones inmediatas; para los socialistas, excusas, explicaciones y una apelación permanente a los tribunales. Como si la responsabilidad política solo existiera cuando hay una condena judicial y como si conservar el cargo fuera un derecho que ni siquiera las circunstancias más graves pudieran cuestionar.

Las tragedias ferroviarias deberían bastar para comprender hasta qué punto esta actitud resulta intolerable. Detrás de cada accidente hay personas que salieron de sus casas convencidas de que regresarían con normalidad y que nunca volvieron. Hay padres, madres, hijos, hermanos y amigos que recibieron una noticia que les cambió la vida para siempre. Hay familias obligadas a afrontar una ausencia irreparable, proyectos truncados y un dolor que ninguna indemnización, comparecencia institucional o declaración de condolencia podrá borrar. Las víctimas no son cifras que se incorporan a un balance ni inconvenientes que un Gobierno deba gestionar para reducir el desgaste político. Cada persona fallecida tenía un nombre, una historia, afectos y un futuro. Sus familias merecen respeto, verdad y respuestas. Y merecen, sobre todo, que nadie convierta su sufrimiento en un episodio pasajero que se intenta superar mediante una estrategia de comunicación.

A ese drama se añade una consecuencia que no debemos infravalorar: la inseguridad que se ha instalado entre los usuarios del ferrocarril. Quienes utilizan el tren para acudir al trabajo, visitar a sus familiares o desplazarse por obligación tienen derecho a confiar en que la seguridad constituye la prioridad absoluta del servicio. Cuando se producen accidentes graves y se acumulan las dudas sobre el mantenimiento, la supervisión o la gestión de las infraestructuras, esa confianza se resquebraja. Y cuando un ciudadano empieza a preguntarse si llegará sano y salvo a su destino, el problema deja de ser exclusivamente ferroviario para convertirse en una cuestión de responsabilidad pública.

Por supuesto, hay que investigar rigurosamente las causas de cada accidente y dejar que los tribunales determinen las responsabilidades penales. Pero eso no exime a los responsables políticos de responder por su gestión. Un ministro no tiene que ser culpable material de un accidente para que deba examinarse su responsabilidad política. Gobernar significa prevenir, supervisar, garantizar que los sistemas de control funcionen y actuar antes de que los problemas se conviertan en tragedias. ¿De qué sirve lamentar las consecuencias si no se asumen las obligaciones que corresponden a quien dirige?

Y aquí aparece una cuestión especialmente grave: la sustitución de criterios profesionales por lealtades políticas. La seguridad de una infraestructura no puede depender de los equilibrios internos de un partido ni de la conveniencia de colocar a personas afines en puestos de responsabilidad. Cuando se prescinde de técnicos cualificados, se debilita el criterio profesional o se relegan las advertencias especializadas en favor de nombramientos políticos, se pone en riesgo algo que debería estar por encima de cualquier interés partidista. No se trata de afirmar que cada nombramiento político sea incompetente, sino de exigir que la capacidad, la experiencia y el rigor prevalezcan sobre la obediencia y la afinidad.

La culpabilidad penal corresponde determinarla a los tribunales, pero eso no elimina las preguntas políticas sobre los criterios de selección, los controles y la responsabilidad de quienes los situaron en el núcleo del poder.

Tampoco podemos olvidar la tragedia de la frontera de Ceuta, donde las estimaciones sobre los fallecidos durante aquella entrada masiva llegaron a situarse en torno a 150 personas, muchas de ellas ahogadas al intentar alcanzar la costa. Cada muerte representa una vida perdida y una familia golpeada por una tragedia. ¿Qué responsabilidades políticas se asumieron? ¿Qué explicaciones se ofrecieron? ¿Por qué la exigencia de rendir cuentas parece diluirse cuando quienes deben responder pertenecen al partido que gobierna?

A esta falta de exigencia se suma la responsabilidad por los nombramientos en el entorno socialista. La culpa in vigilando obliga a preguntarse hasta qué punto quienes designan y respaldan a sus colaboradores supervisan su actuación. Pedro Sánchez y la dirección del PSOE deben explicar la confianza depositada en José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que ocuparon posiciones de enorme influencia y han quedado vinculados a graves investigaciones judiciales. La culpabilidad penal corresponde determinarla a los tribunales, pero eso no elimina las preguntas políticas sobre los criterios de selección, los controles y la responsabilidad de quienes los situaron en el núcleo del poder.

El PSOE parece aplicar dos varas de medir: una severa para sus adversarios y otra indulgente consigo mismo. Los éxitos tienen muchos padres; los fracasos, curiosamente, siempre son huérfanos. Y cuando se exige a los demás lo que uno se niega a exigirse, los discursos sobre la ejemplaridad se convierten en palabras vacías.

¿Cuántas víctimas, cuántas familias destrozadas y cuántos escándalos hacen falta para que los dirigentes socialistas comprendan que gobernar exige algo más que resistir? Quien nombra debe vigilar; quien dirige debe responder; quien gobierna debe dar la cara. Dimitir no equivale a declararse culpable de un delito: significa reconocer que las instituciones están por encima de la supervivencia política de quienes las ocupan.

Si ni las tragedias ni los escándalos bastan para que alguien asuma responsabilidades, el problema ya no es únicamente la incompetencia: es la degradación de la responsabilidad pública. A Pedro Sánchez y a la dirección del PSOE hay que exigirles una respuesta sin más excusas ni evasivas: ¿hasta cuándo van a reclamar a los demás una ejemplaridad que se niegan a aplicarse a sí mismos? Porque ninguna sigla, ningún cargo y ningún Gobierno están por encima de su obligación de responder ante los ciudadanos. Y las víctimas, sus familias y los usuarios que hoy temen por su seguridad merecen mucho más que silencio, excusas y políticos aferrados a sus puestos.