¿Quién narices va a querer alquilar su vivienda ahora?

España tiene un problema de vivienda gigantesco y la respuesta del Gobierno vuelve a ser la de siempre: más decreto, más regulación intervencionista y la esperanza de que el BOE consiga rápidamente fabricar viviendas. Es decir, regulemos el alquiler hasta que ya desaparezca del todo.

Los dos decretos aprobados introducen nuevas medidas de protección para determinados inquilinos vulnerables, prórrogas extraordinarias de contratos, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, incentivos fiscales y restricciones a determinadas operaciones inmobiliarias. El segundo incorpora además un sistema de renovación automática de determinados contratos, salvo que concurra una causa que permita al propietario evitarla.

La protección del inquilino vulnerable es una cuestión social seria. Nadie sensato debería convertir el drama de una familia que puede quedarse sin vivienda en una caricatura ideológica. Pero tampoco parece demasiado sensato demonizar al propietario, al cual, curiosamente, se necesita desesperadamente para que ponga su vivienda en alquiler. Y aquí empieza el sainete.

Proteger al inquilino vulnerable es una obligación social perfectamente legítima. Pero existe un pequeño detalle que parece olvidarse: hay que conseguir primero que haya viviendas disponibles. Y ahí aparece el pequeño propietario. Ese personaje casi mitológico del debate político que, curiosamente, desaparece cuando se habla de oferta. No hablo de fondos de inversión. Hablo de quien tiene uno o dos pisos, de quien heredó una vivienda o de quien ahorró durante décadas para disponer de un complemento de renta. A ese propietario se le pide que alquile mientras aumentan las obligaciones, las restricciones y la absoluta incertidumbre sobre cuándo y en qué condiciones podrá recuperar su vivienda. Y después nos sorprendemos de que deje su vivienda vacía. Porque la seguridad jurídica tiene una característica bastante antipática: importa.

Una bonificación fiscal puede mejorar la rentabilidad. Una compensación puede aliviar determinados costes. Pero ninguna subvención consigue que desaparezca la desconfianza y el temor. Y quien tiene una vivienda vacía dispone de alternativas: venderla, mantenerla así, destinarla a otro uso permitido o, sencillamente, esperar. No hace falta que todos los propietarios retiren sus viviendas del mercado. Basta con que lo haga una parte para reducir una oferta que ya es totalmente insuficiente. Y aquí aparece la paradoja: se pretende abaratar el alquiler regulando intensamente el alquiler existente, mientras el problema fundamental sigue siendo que faltan viviendas. Si una política protege al cien por cien a quien ya tiene contrato, pero consigue ahuyentar propietarios que quieran firmar nuevos contratos, habremos construido una magnífica política para proteger… la nada.

Esto no va de elegir entre propietario e inquilino. Uno necesita al otro. Sin propietario dispuesto a alquilar no existe alquiler privado. Y sin oferta suficiente, el inquilino tiene menos opciones y más competencia por cada vivienda disponible. Es economía ofensivamente básica.

¿Quién narices va a querer alquilar su vivienda ahora? Ésa debería ser la pregunta que presidiera el debate y no la gran tomadura de pelo en vivienda de Pedro Sánchez.