La nueva ley anticorrupción del Gobierno

El Gobierno ha remitido al Congreso la Ley Orgánica de Integridad Pública, para reforzar el ciclo “de lucha contra la corrupción a través de la prevención, la investigación, la sanción y la restitución a la Hacienda Pública”. No obstante, el ministro socialista de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños intenta “parchear” esta nueva ley contando para ello con su “comité de expertos”. La idea, según fuentes oficiales, es obtener un “doble sistema” que “blindaría las conocidas ‘chapuzas’ societarias como los casos de Cerdán”, según argumentan. Así pues, el Ejecutivo tomó la decisión de “retocar” este anteproyecto de “integridad pública” para “permitir que convivan la escritura pública notarial y el documento privado electrónico en la venta de participaciones sociales”.

Suponemos que Bolaños va a estar muy ocupado en estas medidas que anuncian los notarios con el aval del CGPJ al sistema notarial español, y que ha calificado como “una medida de eficacia sustancial contra el blanqueo” y que ha derivado en obligar al Ejecutivo a reformar esta ley.

El propósito es “remodelar” una nueva versión de esta ley, después del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que avisaba respecto a los “riesgos de suprimir el control notarial”. El CGPJ ya había pedido, en el mes mayo, que se reconsiderase la eliminación de la escritura pública. El órgano de gobierno de los jueces sostiene que este nuevo sistema -basado en un control posterior del registrador mercantil- tiene a su alcance “la intensidad diferente al control presencial en sede notarial”, y recomendó que “dichas figuras convivieran sin suprimir la notarial”. Recordemos que los notarios, como son los afectados por el cambio original, han estado dando lucha desde que se difundió este anteproyecto. Por ello, suponemos que Bolaños va a estar muy ocupado en estas medidas que anuncian los notarios con el aval del CGPJ al sistema notarial español, y que ha calificado como “una medida de eficacia sustancial contra el blanqueo” y que ha derivado en obligar al Ejecutivo a reformar esta ley.

La esencia del texto de la Ley de Integridad Pública está en la “recuperación de los recursos públicos detraídos por empresas o personas que realicen actuaciones corruptas”, pero además se prevé que “se les prohíba volver a acceder a los ámbitos en los que desplegaron esas malas prácticas”, una reforma que se aplicará renovando el Código Penal, en el que “endurecen hasta un máximo de 20 años la pena de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas del Estado, el acceso a contratos del sector público o beneficios en determinados tributos o en la Seguridad Social”.

Así las cosas, esta legislación modifica seis leyes orgánicas “para actuar sobre todo el ciclo de la corrupción, incluyendo la detección, la protección del informante, el endurecimiento de sanciones o el refuerzo de las prohibiciones de contratar con la Administración”, con la lucha contra la corrupción como prioridad. Pues Pedro Sánchez ya se puede dar prisa y sacar adelante la ley, ahora en manos del Congreso que es quien tiene la palabra, porque el presidente tiene en cartera una retahíla de recursos y juicios en manos de los jueces con muchos implicados socialistas, incluyendo a su esposa.