Y lo peor, lo más grave, no son los delitos

Hubo un tiempo en que millones de españoles quisieron creer. Creer que había llegado una nueva política. Creer que, tras años de corrupción, clientelismo y degradación institucional, alguien había entendido por fin el hartazgo ciudadano. Se habló de regeneración democrática, de ejemplaridad, de feminismo ético, de transparencia y de superioridad moral frente a los viejos partidos. Se construyó un relato cuidadosamente diseñado: ellos no eran como los demás. Y quizá precisamente por eso la decepción actual es mucho más profunda. Porque cuando un partido convierte la ética pública en bandera, cuando utiliza la corrupción ajena como arma electoral permanente y cuando se presenta ante la sociedad como moralmente superior, cada escándalo posterior destruye mucho más que una imagen: destruye la credibilidad entera de un proyecto político.

La realidad ha terminado derrumbando el relato. Ahí está José Luis Ábalos, antiguo número dos del Gobierno y figura central del sanchismo durante años, cercado políticamente por un escándalo que jamás debió rozar a un Ejecutivo que presumía de ejemplaridad. A su lado emerge Koldo García, convertido ya en símbolo nacional de todo aquello que supuestamente venían a erradicar: intermediación opaca, relaciones turbias, favores cruzados y redes personales de influencia funcionando alrededor del poder político.

Y entonces aparece Víctor de Aldama. Un empresario situado en el epicentro de conversaciones, contratos, relaciones y presuntas conexiones que siguen proyectando una sombra devastadora sobre el Gobierno. Cada nueva información conocida agrava la sensación de que alrededor del poder socialista se ha instalado un ecosistema donde empresarios, asesores, intermediarios y dirigentes políticos convivían en una proximidad incompatible con la regeneración prometida.

Ningún relato puede tapar eternamente la sensación de decadencia ética que percibe una parte creciente de la sociedad española

Después llega Santos Cerdán. Otro nombre más. Otra pieza más. Otro dirigente situado en el centro de sospechas, explicaciones insuficientes y silencios incómodos. Y lo verdaderamente alarmante ya no es la aparición de nuevos nombres, sino que la ciudadanía ha dejado incluso de sorprenderse. Porque cuando los escándalos se acumulan de manera constante, el problema deja de parecer individual y empieza a parecer estructural.

Mientras tanto, desde el poder se intenta reducir todo a conspiraciones, “lawfare”, persecuciones mediáticas o campañas políticas. Pero hay una pregunta que cada vez más españoles se hacen: ¿cuántas casualidades hacen falta para que deje de parecer casualidad? Porque la lista no termina ahí. Aparece Leire Díez en medio de polémicas vinculadas al control de relatos, maniobras políticas y operaciones de desgaste contra adversarios. Reaparece el recuerdo de Gaspar Zarrías y de aquella Andalucía donde el socialismo institucional terminó confundiendo partido, administración y poder hasta extremos incompatibles con una democracia sana. Y después llega quizá la parte más corrosiva para la confianza pública: el entorno familiar y personal del poder. Porque cuando el nombre de David Sánchez aparece asociado a debates sobre contratación pública, puestos creados a medida o privilegios derivados de la cercanía política, el daño no es solamente jurídico. Es profundamente moral. El ciudadano corriente empieza a sentir que el mérito importa cada vez menos y que lo verdaderamente decisivo es pertenecer al entorno adecuado.

Lo mismo ocurre con Begoña Gómez. Puede que muchas conductas no sean delictivas. Puede que algunos procedimientos terminen archivados. Pero la democracia no debería consistir en sobrevivir penalmente, sino en evitar cualquier apariencia de utilización del poder, cualquier conflicto de intereses y cualquier sensación de privilegio institucional. Y, sin embargo, durante meses España ha asistido a explicaciones ambiguas, silencios calculados y una estrategia permanente de victimización política destinada a convertir cualquier crítica en una supuesta persecución.

También aparecen nombres como Julio González, recurrentemente vinculados a conversaciones sobre redes de influencia y conexiones políticas. Y sobre todo planea una figura que nunca desaparece del todo del tablero: José Luis Rodríguez Zapatero, convertido con el tiempo en una especie de poder paralelo, presente en mediaciones internacionales, operaciones diplomáticas opacas, relaciones empresariales y movimientos políticos que rara vez se explican con claridad ante los ciudadanos.

El resultado de todo esto es devastador. Porque el problema ya no es únicamente judicial. El verdadero problema es la demolición progresiva de la confianza ciudadana. Es la percepción de que existe una élite política que vive en un universo moral completamente distinto al del ciudadano común. Un universo donde las puertas giratorias se justifican, donde los familiares prosperan alrededor del poder, donde los asesores aparecen sin que nadie sepa exactamente cuál era su función y donde cualquier crítica se despacha automáticamente como “fango”, “ultraderecha” o conspiración mediática.

Durante años se utilizó la corrupción ajena como instrumento de conquista política. Se presentó una moción de censura apelando precisamente a la ejemplaridad y a la necesidad de limpiar las instituciones. Se prometió una nueva era de regeneración democrática. Y hoy aquella promesa yace completamente destruida bajo el peso de las contradicciones, los escándalos y el deterioro ético del propio poder. Lo más grave ni siquiera es la posible existencia de delitos. España ha sobrevivido antes a numerosos casos de corrupción. Lo verdaderamente peligroso es el agotamiento moral colectivo. La normalización del cinismo. La resignación de millones de ciudadanos que empiezan a asumir que todos los gobiernos terminan funcionando igual. Ese es el punto más peligroso para una democracia: cuando la sociedad deja de indignarse porque ha perdido definitivamente la esperanza de que exista honestidad pública.

Y mientras tanto, desde el Gobierno se sigue apelando a la épica, al miedo al adversario y a la propaganda emocional para evitar una autocrítica real. Pero ningún aparato de comunicación puede ocultar indefinidamente la erosión institucional. Ningún relato puede tapar eternamente la sensación de decadencia ética que percibe una parte creciente de la sociedad española. La regeneración prometida nunca llegó. Lo que llegó fue algo mucho más grave: la constatación de que demasiados dirigentes políticos se presentan como salvadores mientras reproducen exactamente las mismas prácticas, privilegios y mecanismos de poder que juraron combatir. Y quizá esa sea la mayor traición de todas.

Por responsabilidad institucional, por dignidad democrática y por respeto a los ciudadanos, Pedro Sánchez debería asumir el desgaste irreversible que atraviesa su Gobierno, dimitir y devolver inmediatamente la voz a los españoles mediante la convocatoria de elecciones generales.