Rosendo Luis Fernández
El plan contra el absentismo laboral
Tan pronto supe del anuncio del presidente Rueda, en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, de “un plan” para combatir el fraude en las bajas laborales, pensé al momento: ¡va a traer cola, causará polémica!, cuando no debiera ser así. Concretamente La Región lo recogía: “Puesta en marcha de un programa integral contra el fraude en las incapacidades temporales, que será dialogado con sindicatos y patronal”. Nadie debiera temer -todo lo contrario- a planes antifraudes consensuados ni sentirse criminalizado. Pero vista la reacción, como era de esperar, parece que se encendieron las alarmas. Se apoyó el presidente, para argumentar la medida, en que “cada día unos 70.000 trabajadores no acuden a su puesto de trabajo por incapacidad temporal (IT) y en su conjunto generan unas pérdidas de 2.200 millones de euros”. Siendo extensivo este crecimiento absentista a la provincia de Ourense desde el covid. No son cifras baladís para la buena marcha de nuestra economía y la competitividad de las empresas.
Lo que tiene que primar es la salud de los trabajadores. Pero estamos inmersos en un escenario económico y de productividad preocupantes; no podemos ser tancredistas. Sin embargo, fue anunciar “un plan” y ya dio motivo a tres políticos -¡cómo no!, de los que se autodenominan progresistas- para saltar con críticas del siguiente pelaje: 1) Ana Pontón: “Criminalizar aos traballadores”; 2) Besteiro: “Simplón, porque el fraude deriva de un sistema sanitario colapsado; 3) Yolanda Díaz: “Es ilegal e iré al Tribunal Constitucional”. El solo anuncio de “un plan” da lugar a reacciones bruscas y no a buscar juntos soluciones o medidas paliativas a una situación de gravedad, donde intervienen muchos actores y requiere diálogo social hasta el amanecer.
Antes de cualquier “plan” hay que ponerle deberes a la Administración, al Servicio de Salud correspondiente, en Galicia el Sergas
En España, al cierre de 2025, el absentismo roza máximos históricos tras repuntar cuatro décimas, situándose en el 7,1% de las horas pactadas, según informe de Randstad Research, siendo Canarias la que registra mayor tasa, con 9,1% horas pactadas, y Galicia la quinta, con 8,6% y creciendo. Un informe de la UVigo y la USC advierte de que Galicia copa el 6,4% del gasto en prestaciones por IT, que supondría una factura por encima de 2.000 millones a empresas y Seguridad Social; se ahorrarían 170 millones reduciendo el absentismo al nivel estatal. Y Randstad Research concluye: “El hecho de que el absentismo laboral roce máximos históricos a cierre de 2025 responde a un fenómeno estructural, impulsado por el aumento de las bajas por IT”. Estas cifras son desorbitadas, sobre todo en un país y en una Comunidad Autónoma, como Galicia, donde gozamos y presumimos de buena salud y longevidad, pero parece como que a la hora de tener patologías somos propicios y conllevan a una desaforada IT.
Ante este pernicioso escenario, al solo anuncio de “un plan” -que está sin desarrollar, se desconoce su contenido y habrá que consensuar- toda una vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo anuncia recurso. ¿Contra quién o qué?, si sólo existe intención. ¡Ahora bien!, es importante, para llevar a buen puerto “un plan” contra el posible fraude en las bajas laborales, disponer de una Atención Primaria fuerte, desburocratizada y reforzada, con la mejor coordinación con la Atención Especializada. En no pocas ocasiones oímos “voy al médico a coger la baja”. A mí mismo, en el ejercicio de la profesión, entró por la puerta de la consulta algún “paciente” y, casi sin tiempo para saludar, me espetaron un “quiero que me dé la baja”, sin antes exponerme su dolencia; fueron pocos así, pero los hubo y también sé de compañeros que les ocurrió y ocurre. Este tipo de situaciones requiere de tiempo -siempre es escaso- para hablar con el paciente, explicarle y derivarlo a hacer pruebas complementarias si procede. Pero antes de cualquier “plan” hay que ponerle deberes a la Administración, al Servicio de Salud correspondiente, en Galicia el Sergas. “Un plan” para acotar la duración de las IT y/o disminuir el número pasa por: 1) La resolución en tiempo -la menor demora- de las pruebas complementarias -radiografías, TAC, RM, analíticas...-. 2) Que la consulta por el especialista, una vez derivado el paciente desde Primaria, sea en el menor tiempo. Si el médico de Primaria necesita la valoración del especialista, la espera de consulta no puede hacerse “eterna”. ¿Entendido, no?. 3) El tiempo de espera para una intervención, aunque no sea urgente, no se puede demorar sine die. Algún paciente lleva meses de baja a la espera de ser intervenido de un cálculo en uréter. Los pacientes en IT a la espera de pruebas complementarias, de ser consultados por un especialista, de ser intervenidos, se hace difícilmente razonable darle el alta, sea quien sea el profesional, servicio sanitario o mutua…
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