A ZP le podría pasar lo que Al Capone

Salvando todas las distancias en cuanto a la actividad delictiva de Al Capone, jefe de la mafia de Chicago, pero que fue encarcelado por fraude fiscal, al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero puede ocurrirle lo mismo que la valoración de las joyas encontradas en el registro de su oficina pública le encamine a un proceso por fraude fiscal y contrabando dado que las piezas de joyería encontradas allí tiene una valoración de 1,3 millones de euros y aún no se conoce si fueron en su día objeto de tributación como corresponde, sea por herencias o por aquisiciones.

De este asunto tendrá que dar cuenta el expresidente Zapatero en su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que instruye el ‘caso Plus Ultra’ y del que la valoración de las joyas ha motivado la apertura de una pieza separada. Zapatero tendrá que responder sobre las circunstancias por las que esas joyas se encuentran en su poder los próximos días 17 y 18 de junio, -dentro de la semana de pasión judicial que le espera al PSOE y al presidente del Gobierno-, lo mismo que del resto de imputaciones por los fondos que tiene acumulados, en los que se mezclan comisiones reconocidas por el propio ZP y otros ingresos que procederían de sus actividades de mediación, de las que es preciso resolver su legalidad.

Esta nueva investigación por presuntos delitos, sin embargo, no tendría por qué dar con sus huesos en la cárcel, a pesar de que la deuda tributaria podría ascender o superar la misma cantidad en la que están valoradas las joyas encontradas en su poder, pero sí constituir la parte fundamental de una hipotética condena.

En todo caso ya habrá instancias superiores, incluso europeas, que darán validez o no a sus actuaciones.

Esta por dilucidar si el registro ordenado en su sede oficial de expresidente del Gobierno viene determinado por las pruebas enviadas a Madrid desde la Homeland Security Investigations, una policía de fronteras estadounidense que clonó el teléfono del expresidente de Plus Ultra, Roberto Reyes, en el que aparecían las referencias al ‘pana’ Zapatero y a su grupo que han servido para abrir las diligencias contra él. Una vez iniciado el procedimiento el juez Calama ha pedido a la HSI autorización para que pueda utilizar sus datos en el proceso contra Zapatero. Como policía de fronteras es muy difícil que contara con autorización judicial para realizar el clonado del teléfono, y en España las pruebas obtenidas sin autorización judicial carecen de validez. Pero esto no siempre es así, señalan los expertos y hay jurisprudencia que dice una cosa y la contraria respecto a este extremo, por lo que lo previsible es que el juez pase ese dato por alto. Algo similar ocurre con el recurso de Leire Díez que considera que está encausada por dos jueces distintos por los mismos delitos.

Es lógico que en esta primera instancia los jueces no reconozcan que actuaron con precipitación -no se les debiera atribuir desconocimiento- y que un defecto formal haga que se les escape de las manos unos procedimientos tan espectaculares y de tanta resonancia política. En todo caso ya habrá instancias superiores, incluso europeas, que darán validez o no a sus actuaciones. Para entonces habrá pasado tanta agua bajo los puentes que habrá que recurrir a las hemerotecas para recordar.

En cualquier caso, Rodríguez Zapatero tendrá que dar muchas explicaciones sobre cuestiones económicas que van a oscurecer su labor política y ya ha dejado un agujero tanto en el PSOE como en quienes le consideraban un referente moral que le va a costar salir del hoyo. Porque no ha actuado como la mujer del César.