Política contra pacientes

Alguien tendría que explicar el motivo por el que los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular aceptan asistir a la convocatoria del Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en Zaragoza, y por qué se han levantado de la reunión apenas unos minutos después, tras leer un comunicado en el que denunciaban la politización del encuentro. Para realizar esa maniobra hubiera bastado que siguieran la misma línea expresada en las cartas que remitieron a la titular del Ministerio de Sanidad, Mónica García, en la que le comunicaban, con mayor o menor delicadeza y argumentos, que no iban a facilitar a su departamento los datos de cribado del cáncer de mama, que les había solicitado a raíz de la situación creada en Andalucía debido a la falta de comunicación de los resultados a dos mil las mujeres que se habían sometido a mamografías preventivas, lo que ha derivado en una crisis política en el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, y a una investigación de la fiscalía.

Como es habitual en este tipo de asuntos, en los que se trata de obtener una información por comunidades autónomas que sirva para reunir una fotografía de conjunto, todo depende de la voluntad política y de cumplir con la transparencia que tantas veces se exige cuando es el adversario político quien no la quiere facilitar. La inexistencia de un sistema informático donde volcar los datos -que es cierto que debía estar ya operativo- no es óbice para facilitar unos resultados que se pueden hacer llegar por distintas vías y en distintos formatos. En este caso también se puede aplicar la sospecha de que si los servicios de salud autonómico no facilitan los datos es porque los resultados no son halagüeños y demostrarían las carencias de su sistema sanitario, situación que no es nada infrecuente dado el deterioro que se ha producido en los servicios públicos de salud en los últimos años por falta de inversiones o por decisiones que tiene tanto de ideológicas como las que dicen que aplica la ministra de Sanidad.

En el cruce de acusaciones entre la ministra de Sanidad y los consejeros autonómicos todos tienen su parte de razón

De ahí que todas las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud terminen como el rosario de la aurora, con incriminaciones respectivas entre consejeros populares y Sanidad de su utilización partidista y que como consecuencia no se alcancen acuerdos, por responsabilidad de unos u otros, que mejoren la asistencia sanitaria de los ciudadanos que cada vez otorgan una valoración peor al funcionamiento de los sistema de salud, lo que empuja al trasvase de los pacientes, para quienes lo pueden pagar, de la sanidad pública a la privada, una maniobra no menos ideológica que trasciende la colaboración entre ambos sistemas si de lo que se trata es de optimizar todos los recursos disponibles, y siempre que se realice de forma transparente.

En el cruce de acusaciones entre la ministra de Sanidad y los consejeros autonómicos todos tienen su parte de razón, pero más allá de las discrepancias, los ciudadanos esperan, y sobre todo las mujeres en esta crisis de los cribados del cáncer de mama, es que se encuentre una solución consensuada o al menos que los responsables correspondientes, además de enfrentarse propongan medidas para que los protocolos para la prevención de distintos tipos de cáncer se cumplan en tiempo y forma. Lo peor del plante de los consejeros populares es que no se han podido asignar dos millones de euros para programas de prevención del cáncer y para otras enfermedades.