Premeditación y alevosía

La remisión por parte del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, la unidad de inteligencia sobre inmigración de la Policía Nacional, a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, del informe sobre lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio y en el que afirman que la entrada masiva de migrantes estuvo guiada por fuerzas policiales marroquíes y que se trató de una invasión disfrazada de motivos migratorios, supone un vuelco en la estrategia exculpatoria de Marruecos que ha llevado a cabo el Gobierno en su política de apaciguamiento con el vecino del sur, al que ha exculpado en todo momento de la situación creada.

Pese a que cada vez eran más las voces que apuntaban a que las autoridades del régimen alauí se encontraban detrás de lo que, de ser cierta su implicación, ya puede llamarse sin ambages una invasión, con este informe, y el que ha de remitir la Guardia Civil se viene abajo toda la argumentación del Gobierno sobre el origen de la crisis creada en la ciudad de Ceuta. Y sobre todo pone en cuestión la base de la defensa del régimen marroquí realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Interior y Exteriores sobre la calidad de “socio fiable” que se ha otorgado a Marruecos, cuando del informe policial se desprende que ha procedido a un ataque de guerra híbrida mediante la utilización de su población contra la soberanía nacional, como reconoció Pedro Sánchez en un primer momento. .

A lo largo del mes transcurrido, Marruecos ha compaginado su silencio sobre su responsabilidad en el desplazamiento de marroquíes y subsaharianos hacia el paso de El Tarajal y el dique marítimo para colapsar las fronteras españolas, con una serie de reclamaciones sobre su soberanía de la ciudades españolas de Ceuta y Melilla, un asunto que la parte española consideraba que se había alejado del debate en las relaciones bilaterales tras el reconocimiento por España de la posición de Marruecos sobre el Sahara.

Desde Marruecos se ha utilizado como excusa la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre alcanzar Ceuta a nado para lanzar la invasión, lo que constituye una demostración del irredentismo del régimen alauí sobre su unidad territorial, y ya ha demostrado que no es un socio ni responsable ni fiable, y que está crecido por el apoyo que recibe por parte de Estados Unidos y de Israel, los dos países con los que la política exterior española choca frontalmente.

Cada vez hay menos dudas que de la misma forma que paró la supuesta avalancha prevista para el 15 de agosto, pudo haber instigado la de finales de julio. Si el informe policial ha puesto patas arriba las explicaciones y justificaciones del Gobierno, que se ve abocado a una crisis interna y de credibilidad y a revisar las relaciones bilaterales, a Marruecos le corresponde explicar cuál es su verdadera implicación en esta crisis, pero sabiendo ya que hay sobrados motivos para darla por hecha.

Pero el informe policial, si no hay nada que lo desmienta, también interpela a la Unión Europea, muchos de cuyos países vincularon los hechos de Ceuta con la política migratoria española y la regularización de migrantes, cuando de lo que se trata es de un ataque a una de sus fronteras exteriores, y ahora debe ejercer toda su influencia para forzar a Marruecos a que acoja a quienes deban ser devueltos en el caso de que, al ser descubierta su maniobra, realizada con premeditación y alevosía, trate de prolongar la crisis en Ceuta.