Luis Sotelo
O AFIADOR
Garantistas de sí mismos
El Gobierno tiene montado un buen espectáculo que le permite llevar a cabo una puesta en escena para asumir el poder en estos años desde que Pedro Sánchez consiguió, sin ostentar la presidencia, presidir el país uniéndose a cuantos representantes se unieron a él: Sumar, Podemos, independentistas vascos y catalanes.
Y como complemento, dispone de unas armas primordiales tales como el Tribunal Constitucional y el Fiscal General del Estado. O sea, que Cándido Conde-Pumpido Tourón (gallego para más señas), actual Presidente del Tribunal Constitucional; Álvaro García Ortiz, Fiscal general del Estado de España y el mismísimo Pedro Sánchez Castejón, jefe del Gobierno y reluciente presidente del país, han formado una trama para cerrar cualquier puerta que quede descubierta entre ambos responsables judiciales del país y el propio responsable del partido socialista y del gobierno para que no quede nada por flanquear.
Pedro Sánchez continúa abriendo nuevos frentes, pero incluso metiendo en el berenjenal a sus dos notables pesos pesados
El presidente del Gobierno se distrae, de que tanto el presidente del TC como el Fiscal General estén ocupados en sus respectivas funciones, ambas encajadas, dado que cada uno de ellos tiene una misión encomendada y a las órdenes del gran jefe supremo. Por ejemplo, Conde Pumpido se encuentra al borde de la comisión de un presunto delito de prevaricación por la manipular del reparto de la sentencia sobre la Ley de Amnistía del 1-O como saben, elaborada por el Gobierno socialista. Según fuentes del Constitucional, dicho reparto “de las ponencias se ha regido siempre por el orden inverso de antigüedad”.
Y mientras, Alvaro García, el Tribunal Supremo ha confirmado su procesamiento por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso). Recordemos que la Sala de Apelación había rechazado el recurso presentado por el mismo García Ortiz contra la decisión del juez Ángel Hurtado en el auto de procedimiento abreviado y de esta manera supone así el cierre definitivo de la investigación y la ratificación, por parte de la Sala Penal del Supremo, “de que existen indicios suficientes para juzgar al jefe del ministerio público”.
Lo dicho, Pedro Sánchez continúa abriendo nuevos frentes, pero incluso metiendo en el berenjenal a sus dos notables pesos pesados. Y mientras, el señor fiscal general aprovecha para autorizar a Dolores Delgado, Fiscal de sala de Derechos Humanos, a investigar los crímenes en Gaza y apuntando a genocidio así como otros “delitos de lesa humanidad”. Una forma de estar entretenidos para que el fiscal esté ocupado mientras espera el juicio.
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