La presunción de inocencia, un pilar básico

Vivimos en una época en la que acusar públicamente a alguien se ha convertido en un acto casi automático. Basta un micrófono, una cámara o una red social para lanzar una acusación grave, con la seguridad de que el daño ya estará hecho antes de que nadie tenga tiempo de comprobar los hechos. El reciente episodio protagonizado por Sarah Santaolalla y el periodista Vito Quiles es un ejemplo inquietante de esta deriva.

Santaolalla denunció haber sido agredida y anunció incluso que ampliaría la denuncia tras acudir al hospital. La acusación fue difundida inmediatamente y presentada por muchos como un hecho indiscutible. En cuestión de horas, la maquinaria habitual se puso en marcha: condenas públicas, linchamientos digitales y titulares que ya habían decidido quién era el culpable.

Pero la realidad judicial suele ser menos cómoda que el relato mediático. Cuando el caso llegó a los tribunales, una jueza rechazó la orden de alejamiento solicitada contra Quiles al no apreciar elementos suficientes que justificaran esa medida cautelar. La decisión no determina todavía qué ocurrió exactamente, pero sí introduce algo que en el debate público suele brillar por su ausencia: prudencia.

Mientras tanto, Quiles ha anunciado acciones legales contra Santaolalla por difamación y falso testimonio. Es decir, el caso que empezó como una acusación pública puede acabar convirtiéndose en un proceso judicial completamente distinto.

Quien piense que este tipo de episodios son excepcionales debería repasar algunos casos recientes que demuestran hasta qué punto una denuncia puede desencadenar una tormenta política y mediática antes de que se conozca la verdad.

En 2021, por ejemplo, España vivió durante días un clima de enorme tensión tras la supuesta agresión homófoba denunciada por un joven en el barrio madrileño de Malasaña. Políticos, colectivos y medios denunciaron inmediatamente un clima de odio intolerable. Sin embargo, la investigación policial terminó revelando que la agresión nunca había ocurrido y que el propio denunciante había inventado los hechos.

Cuando basta una acusación para destruir a alguien, el problema ya no es un caso concreto

Ese mismo año otro caso provocó una fuerte conmoción en San Fernando, cuando una joven denunció haber sido secuestrada y violada por varios hombres. Durante horas la noticia ocupó portadas y generó una fuerte reacción social. Poco después, la investigación demostró que la denuncia era falsa y que el relato había sido inventado.

Algo parecido ocurrió anteriormente en Málaga, cuando otra denuncia de secuestro y agresión sexual movilizó a la policía y generó alarma pública. La investigación concluyó también que los hechos denunciados no habían sucedido como se había afirmado.

Cada uno de estos casos tiene su contexto particular. Pero todos comparten un patrón inquietante: la acusación se convierte inmediatamente en verdad social, mientras que la rectificación apenas ocupa un pequeño espacio cuando la investigación desmonta el relato inicial.

Y aquí aparece el gran tabú del debate público español: las denuncias falsas o infundadas existen, aunque reconocerlo parezca incómodo para algunos discursos políticos. Admitirlo no significa negar la existencia de delitos reales ni restar importancia a las víctimas. Significa exactamente lo contrario: proteger la credibilidad del sistema judicial y de quienes realmente necesitan esa protección. Porque cuando una denuncia se utiliza como arma mediática o política, el daño es doble. Se destruye la reputación del acusado y se debilita la confianza en las denuncias legítimas.

La presunción de inocencia es uno de los pilares básicos del Estado de derecho. Sin embargo, en el debate público contemporáneo parece haberse invertido el principio: primero se acusa, después se condena socialmente, y solo al final -si queda tiempo- se investiga. El caso Santaolalla–Quiles, como otros anteriores, refleja esta peligrosa dinámica. Quizá la justicia termine estableciendo responsabilidades. Quizá no. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo.

En la sociedad del titular rápido y del linchamiento digital, la acusación se ha convertido en una forma de poder. Y cuando basta una acusación para destruir a alguien, el problema ya no es un caso concreto. El problema es que la presunción de inocencia empieza a desaparecer de la cultura pública. Y cuando eso ocurre, la democracia empieza a perder uno de sus cimientos más importantes.