Preventiva y defensiva

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a las dos grandes centrales sindicales, CCOO y UGT, que desconvoquen la huelga general del próximo 11-N, apenas unos días antes de que comience oficialmente la campaña electoral. Lo reclama debido a la circunstancia sobrevenida del accidente ferroviario de Urda y porque “las huelgas generales no se convocan contra quien no gobierna”, porque la idea generalizada es que se trata de una huelga contra la oposición antes de que comience a gobernar. Los sindicatos han negado que sea una huelga preventiva porque las demandas que la informan están relacionadas con los incrementos de sueldo, las políticas de vivienda y la defensa de los servicios públicos, pero en el trasfondo se encuentra lo que temen que ocurra cuando un gobierno de derecha y ultraderecha se haga cargo de la gobernación del país.

El accidente de Urda es una tragedia que para Feijóo demuestra las debilidades profundas del sistema atribuibles al Gobierno de Pedro Sánchez, y los sindicatos van más allá porque también están interesados en que se superen esas deficiencias al mismo tiempo que las desigualdades sociales. El interés es el mismo solo que difieren en la forma de conseguirlo.

Con buen criterio, Feijóo ha afirmado que necesita “interlocutores sindicales con los que me pueda sentar, con los que hablar, dialogar, discrepar y acordar"

Más que la petición, a medias entre lo beatífico y la amenaza a los sindicatos, Feijóo podría acompañar su reclamación a los sindicatos con la presentación de su programa electoral y confrontarlo con el que presentará su inevitable socio de gobierno. Así, los líderes sindicales podrían replantearse la convocatoria de la huelga general con más conocimiento de causa, porque se sabría cuál es su compromiso con el mantenimiento de los servicios públicos, las inversiones previstas para mejorar las infraestructuras deficitarias, y sobre todo de dónde va a salir el dinero para acometer las reformas necesarias y recuperar la confianza en el país, dado que su promesa esencial es la de rebajar los impuestos para que cada ciudadano tenga más dinero en el bolsillo, lo que va en contra de la eficacia de lo público. Feijóo tiene que explicar cómo va a cuadrar el círculo cuando Vox pretende descapitalizar el Estado con una rebaja fiscal todavía más agresiva.

A pesar de que Feijóo niega que la huelga tenga la legitimidad necesaria porque es menos laboral que política, también debe explica cómo pretende hacer llegar los beneficios económicos -que se supone que con su gobierno serán todavía mayores- de lo macro a lo micro, y que los trabajadores tengan mejores salarios, que es la mejor forma de resolver otros problemas, como el del acceso a la vivienda.

El éxito o fracaso de la huelga, más allá de la guerra de cifras -si se paraliza o no el país y en qué medida-, dará la idea de la fuerza de los sindicatos para la nueva etapa y su capacidad defensiva. Con buen criterio, Feijóo ha afirmado que necesita “interlocutores sindicales con los que me pueda sentar, con los que hablar, dialogar, discrepar y acordar”, aunque los hechos previos muestran que se trata más de una declaración de principios bienintencionada que una realidad. Además del BOE tendrá de su lado a la CEOE, como Sánchez ha tenido de la suya a los sindicatos, y los acuerdos a tres han sido mínimos. Y sobre cómo serán las relaciones con los sindicatos basta la muestra de la reducción de subvenciones para los agentes sociales en las comunidades autónomas gobernadas al alimón por PP y Vox, cuyo líder ha dejado unas declaraciones crípticas sobre su trato con los sindicatos si van a la huelga general: “Tomaremos nota”, ha dicho Santiago Abascal.